Las ciudades son clave en la reducción de emisiones -cuatro de cada cinco europeos viven en zonas urbanas- y la Oficina del Valedor do Cidadán ha realizado de oficio casi 30 informes relacionados con la sostenibilidad que constituyen una radiografía de la realidad viguesa y suponen el punto de partida necesario para implantar políticas municipales. Las publicaciones acumulan 12.000 visitas y 13.000 descargas.

Estos estudios sitúan a Vigo entre el grupo de ciudades españolas que de forma voluntaria se posicionan en la lucha contra el cambio climático y también le permiten compararse en el contexto internacional. En el caso del Inventario de Emisiones, la media olívica de toneladas de CO2 por habitante -6,92- está por debajo de la gallega -10,94-, la cuarta comunidad española en contaminación, de la nacional -7,38%- y también de la europea -9,02-.

Comparándola con otras urbes, Vigo ocupa una "situación intermedia", muy alejada de grandes ciudades europeas o españolas como Oslo -2,19 toneladas-, Estocolmo -3,62-, Madrid -4,08- o Barcelona -2,34-, pero mejor que otras más cercanas como Gijón, que alcanza las 27,51 toneladas por habitante al año, o A Coruña, que registra 11,50.

"Barcelona registra menos de la mitad de emisiones que Vigo por la implantación del gas ciudad, sobre todo, en el tema de las calefacciones, y el transporte público. Aquí se utiliza mucho el vehículo privado, pero habría que impulsar estos dos factores", sostiene Espada.

Y es que mientras las emisiones del transporte ferroviario son casi testimoniales -0,02%-, la modalidad por carretera supone casi el 97% del total del sector. Las emisiones de los aviones en Vigo suponen el 2,12% y de los buques, el 0.94%.

De esta forma, la generación de energía y el transporte -que solo incrementó emisiones por mar y carretera- suman el 66,5% de todas las emisiones registradas en la ciudad.

El fin último de los estudios es proponer políticas municipales relacionada con el transporte público, la conducción eficiente, la iluminación, el aislamiento térmico de las viviendas, el uso compartido del coche o la reducción de residuos.

Reino Unido aprobó la primera ley europea de cambio climático en 2008 y también Francia y Finlandia han legislado en esta materia, sin embargo, España sigue careciendo de un marco normativo.

"Y a falta de esta ley estatal, Cataluña y Andalucía ya están trabajando en sus anteproyectos de ley. Sería deseable que antes el Estado marcase unas pautas y que después cada autonomía legislase con libertad", urge el Valedor.