Tras cerca de 200 imputados, 85 vistas, todas ellas condenatorias, más de 13 millones de euros defraudados y siete años de investigación, ahora un nuevo tribunal se une a la macrocausa de la empresa viguesa Las 5 Jotas, la mayor trama de fraude fiscal con facturas falsas detectada en Galicia, para enjuiciar una de las piezas separadas de la causa. Uno de los juicios más importantes de la trama, el relativo a la empresa Darzal, acusada de emitir facturas falsas por 8,6 millones de euros con un fraude fiscal de casi 4, fue derivado a la Audiencia Provincial de Pontevedra por ser éste el tribunal competente para llevar la causa.
La magistrada del Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo decidió dar traslado de la pieza al órgano superior tras las cuestiones previas alegadas por la defensa de Darzal. El letrado sostuvo que, a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2012 y la creación de un tipo agravado para los casos de fraude fiscal, la competencia caería en el órgano provincial: el nuevo Código Penal eleva las penas por delitos contra la Hacienda Pública hasta un mínimo de dos y un máximo de seis años de prisión. Esta modificación discierne de las competencias del Juzgado de lo Penal, que recae en delitos cuya pena privativa de libertad no superen los cinco años. "Se trata de una pena abstracta, aunque el fiscal o las acusaciones no pidan el máximo, que son seis años, al existir esta posibilidad, la competencia recaería en la Audiencia", afirmaba el letrado de Jacobo Costas, uno de los acusados sentados ayer en el banquillo, al término de la vista.
De esta forma, y para evitar "futuras nulidades", la juez ha optado por atender la petición propuesta por la defensa de la empresa Darzal y desviar el mayor juicio de la trama de Las 5 Jotas a la Audiencia. Las defensas sostienen, por su parte, que este traspaso de competencias puede beneficiar a los acusados, a pesar de que la pena a la que se enfrenten es mayor.
Esta cuestión previa no fue acogida por el Ministerio Fiscal, quien señaló que "al momento de enjuiciar los hechos, ya se sabía que habría una pena mínima, por lo tanto el marco nunca superará los cinco años de prisión". Las defensas de los demás acusados no participaron de esta decisión pero tanto ellos como el representante del Ministerio Público y acusación particular reiteraron no presentar recurso ante esta decisión.
La decisión todavía no es firme, ya que la Audiencia Provincial tiene que estudiar la pieza y decidir si es competente para su enjuiciamiento o no, cuestión que puede prorrogar hasta mediados de 2017 la celebración de esta vista, según estimaciones de otra de las letradas de la defensa.
En el banquillo por este juicio se sentaron Fernando G.M, administrador y representante legal de Darzal Consultoría y Prevención S.L., Itevivienda S.L. y Delft Formación y Auditorías S.L., José Luis M.L., trabajador del grupo empresarial vigués y Jacobo Costas, hermano del cabecilla de la trama, José Manuel Costas, fugado desde hace medio año.
