El horizonte para que la planta de PSA en Vigo opte sin riesgo urbanístico alguno a fabricar nuevos modelos está casi a punto de despejarse. La anulación del Plan Xeral dejó nuevas naves y otras infraestructuras del polígono de Balaídos por valor de 37 millones en situación irregular, pero el proyecto impulsado por Zona Franca -dueña del parque industrial- con arreglo a la ley aprobada en el Parlamento gallego para salvar actuaciones estratégicas se aprobará pronto. La Consellería de Ordenación do Territorio, según señalan fuentes del departamento, ha recibido ya todos los informes salvo el de Aena, necesario por cuestiones de seguridad aérea y que, dada la situación geográfica del polígono, en Matamá a baja cota, no plantea inconveniente alguno. Una vez que el organismo estatal lo emita, toda la documentación será elevada a la Comisión Superior de Urbanismo para que apruebe el proyecto, y posteriormente el consello de la Xunta le dará el plácet final. En un mes se habrá resuelto la amenaza sobre los planes de futuro de la multinacional en Vigo, que llevó en febrero al director de la planta, Yann Martin, a advertir de que si no se arreglaba la situación se produciría un "problema grave".
Las obras se regularizarán al amparo de la ley que permite desarrollar, por su urgencia y excepcional interés, proyectos promovidos por administraciones públicas aunque sean contrarios a la ordenación urbanística. El plan para Balaídos fue promovido por Zona Franca, la Xunta se encarga de tramitarlo y a principios de marzo obtuvo el informe favorable del Concello, que no recibió ninguna alegación tras la exposición al público. La administración local destacaba en su dictamen que las actuaciones en el polígono son "imprescindibles para garantizar el empleo y la competitividad del sector de la automoción", además de resaltar la nula contestación social a las infraestructuras construidas.
También el IGAPE justificó el excepcional interés de las obras en la planta para asegurar su capacidad de cara a la producción de nuevos modelos. La consellería señaló ayer que, además, en los dos últimos meses han emitido sus informes Augas de Galicia, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, la Axencia Galega de Infraestructuras y el Ministerio de Industria, este último en materia de telecomunicaciones. El proceso, así, está en su recta final sin que se prevea dificultad alguna para aprobar el proyecto urgente en septiembre.
La caída del Plan Xeral de 2008 ha provocado que ahora esté vigente el de 1993, en el que no encajan las obras emprendidas por Zona Franca dentro del plan de modernización del parque industrial. La sentencia ha dejado en situación irregular once naves, de las que ocho son de nueva construcción, entre ellas el parking en altura de 1.200 plazas con planta baja para uso logístico, en el que la inversión asciende a 16 millones de euros. Las otras tres naves se reforman, y también quedó sin cobertura jurídica la subestación eléctrica prevista para GKN, la reordenación de la circulación interior y los nuevos accesos al polígono. Las actuaciones urbanísticas no cumplen las condiciones del PXOM de 1993 ni en edificabilidad, ni en alturas ni en retranqueos. PSA, por su parte, tiene previsto en su plan para transformar la planta en los próximos cuatro años inversiones por valor de más de 390 millones.
El proyecto será el primero en aprobarse con la ley a la que dio vía libre el Parlamento. Esta también preveía desbloquear la Ciudad de la Justicia, pero la Xunta ha optado por instalarla en el antiguo Hospital Xeral tras quedar vacío este último con la apertura hace un año del Cunqueiro. La ordenación urbanística permite la infraestructura judicial en el Pirulí, con lo que ha quedado liberada de los efectos de la sentencia del Supremo.
Otra de las actuaciones estratégicas que quedaron bloqueadas es la estación intermodal de transportes en Urzáiz. Por ahora no se ha emprendido la vía del proyecto urgente de excepcional interés.
