A la empresa que más gana de todas cuantas operan en la Ría de Vigo le sale gratis la ocupación de la lámina de agua, la actividad y las obras que realiza sobre ella. Audasa, la concesionaria de la autopista AP-9, lleva cuarenta años, desde la construcción del puente de Rande, sin abonar un solo céntimo a la Autoridad Portuaria en tasas por unos conceptos que cualquier compañía asentada en aguas de su jurisdicción paga anualmente. Desde que tuvo conocimiento del privilegio que goza la concesionaria, a finales del año pasado, el presidente del Puerto de Vigo se ha reunido en varias ocasiones con sus responsables instándoles a que "normalicen su situación". Ante la falta de respuesta, Enrique López Veiga considera agotado el plazo de "cortesía" y lanza un ultimátum: "O apoquina las tasas como hace todo el mundo, desde una planta frigorífica a una batea, o se arriesga a una sanción. Y esta la paga seguro".
Como muestra de que la reacción del dirigente portuario ha sido sopesada y avalada por su equipo jurídico es la carta a Audasa que está a punto de salir de Praza da Estrela. En este escrito consta también la cuantía de la sanción que afrontaría la concesionaria del vial de continuar desoyendo los requerimientos para que cumplan las obligaciones que marca la Ley de Puertos: 60.000 euros de multa.
Algunos argumentos de la Autoridad Portuaria para explicar por qué tiene pagarle la propietaria del puente resultarían obvios para esos cientos de industrias viguesas que sí cuentan con autorización administrativa por operar sobre sus aguas o terrenos. Las bases de los pilares del viaducto se construyeron sobre una superficie marina cuyo uso y ocupación está gravado con un tarifario específico que incluso recoge un canon por el sobrevuelo del puente sobre esa lámina de agua. A estas tasas habrían que añadir las de la actividad. Como ocurre con una planta frigorífica, por ejemplo, que abona un importe anual por el número de toneladas descargadas en muelles de su concesión. Pero es que Audasa, según el Puerto, "no es concesionario de nada" pese a beneficiarse de operar en unos terrenos que no son suyos.
Situación "alegal"
El Puerto detectó esta situación "alegal" al poco de asumir el cargo el actual presidente. En noviembre pasado, López Veiga inició una profunda revisión de todas las concesiones. Entre los objetivos de esta campaña figuraban el de comprobar si las concesiones desarrollaban la actividad para la que fueron concedidas, y de no ser así. forzar su caducidad para adjudicarlas a esa lista de empresas que demandan espacio. La inspección sigue todavía en marcha y ya deparó algunas sorpresas, como que Aduanas tampoco paga por el terreno que ocupa su edificio en Praza da Estrela; y la otra, igual de peculiar, la gratuidad de la que disfruta Audasa desde 1978. Aunque en este caso se descubrió cuando la compañía aceleró las obras de ampliación del puente y necesitó ocupar espacio complementario.
"Desde diciembre hemos tenidos varias reuniones donde se les expusimos varios planteamientos. Porque saben que no pueden seguir así, que deben regularizar su situación. Tienen que solicitar una concesión y pagar conforme lo que dicta la ley", sostiene López Veiga. Por estos encuentros la concesionaria ya conoce una estimación de lo que tendría que abonar al Puerto por los conceptos mencionados (ocupación y actividad), a los que habría que sumarle ahora las tasas correspondientes a los trabajos vinculados a las ampliación del puente. El importe total oscila entre los 40.000 y 70.000 euros anuales, según cálculos barajados por el equipo de Veiga.
Para las arcas de Praza da Estrela, que siguen en números rojos, lo que pretende recaudar de Audasa "no es una cifra menor". Aun admitiendo el interés económico insiste el presidente en que el mensaje que quiere transmitir es que "la ley es igual para todos. Y la ley me obliga a cobrar a Audasa como no podía ser de otra forma y como a cualquier empresa", razona López Veiga, quien no oculta su malestar con la ausencia de noticias de la compañía.
Convencido de que si no ha respondido hasta ahora no parece que tenga intención de hacerlo, da por hecho que se acabará abriendo el expediente sancionador. "Por supuesto que no tengo intención ni voy a conseguir pararles la obra del puente, pero la multa la paga seguro", afirma.
La compañía ganó más de 44 millones en 2015
- Sorprende que la concesionaria de la Autopista del Atlántico se rasque tanto el bolsillo y haga oídos sordos a la reclamación del Puerto para que pague las correspondientes tasas. "El puente de Rande lo tiene más que amortizado con los peajes y tampoco creo que suponga mucho lo que reclamamos", razona el presidente de la Autoridad Portuaria. Tanto es así que con las ganancias obtenidas por la recaudación de los peajes en este vial la compañía podría construir varios viaductos más y hasta permitirían pagar en poco más de dos años las obras de ampliación que acomete en la actualidad, superiores a los 100 millones de euros.Y es que Audasa vive un momento más que dulce. El tráfico registrado durante 2015 en la autopista le reportó unos cuantiosos ingresos y su negocio cosechó el mejor resultado de los últimos cuatro años. Incrementó su recaudación por peajes un 5,1% hasta los 134,246 millones de euros, cuando en 2014 el importe neto derivado de las tarifas que pagan los conductores, con suponer también un aumento respecto al anterior, se había quedado en los 127,75 millones. En consecuencia, el beneficio de la compañía el año pasado sumó 44,669 millones de euros, un 56,6% por encima de 2014, según el informe remitido el pasado abril a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).Y todo porque los usuarios de la autopista no paran de aumentar. Según las estadísticas de tráfico del año pasado, la intensidad media diaria en la AP-9 alcanzó los 21.869 vehículos, un 5,5% más que el ejercicio anterior, en niveles de 2011.Con una actividad tan beneficiosa y la demanda en ascenso se ha convertido en una pieza apetitosa. Así, la semana pasada se conoció la oferta que Globalvía, una compañía de concesiones de infraestructuras controlada por fondos internacionales, presentó una oferta a Sacyr, Abanca y Liberbank para comprar la participación del 45,1% que suman en Itínere, la concesionaria que gestiona seis autopistas del norte de España, entre ellas, la AP-9.
