El Juzgado de Instrucción 7 de Vigo ha acordado el sobreseimiento parcial de la causa respecto a Vanesa Falque, cuñada de la teniente de alcalde Carmela Silva, por la prescripción del delito por el que venía siendo investigada, el de tráfico de influencias, por su contratación en una concesionaria.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez señala que para cualquier persona que no tuviera la relación de parentesco que Vanesa Falque tiene con Silva, acceder a un contrato de cinco años y "cobrar puntualmente" de una empresa que "no necesitaba de sus servicios y bajo los auspicios" del Ayuntamiento "sería una pretensión sencillamente ilusoria".
Ahora bien, la magistrada incide en que durante la instrucción no se han revelado otros indicios de infracción penal distintos a los de tráfico de influencias, que quedó prescrito al transcurrir tres años desde que fue contratada (junio de 2008) y se presentó la denuncia que dio origen a la causa (agosto de 2014).
La instructora también ha decretado el sobreseimiento provisional y parcial de la causa respecto de José Antonio M.B., uno de los dos representantes de Imesapi investigados, mientras que mantiene la imputación del otro, Ramón Comesaña.
Señala la juez que ha quedado acreditado que José Antonio M.B. "no pasa de ser en la empresa Imesapi más que un mero apoderado con facultades determinadas y limitadas, sin capacidad decisoria en ámbitos como el de la contratación de personal".
Por tanto, resulta "poco sostenible" que haya podido ser "cooperador necesario o autor" de los hechos que se investigan respecto a la contratación de la cuñada de Carmela Silva, ni en lo relativo a la elaboración y el cobro de las facturas que se pasaban al Ayuntamiento de Vigo.
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo ha resuelto encargar a un perito sociólogo que determine si las encuestas de calidad investigadas en la causa están facturadas conforme a precios de mercado.
Señala la juez que existen indicios de la posible concurrencia de los delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad documental por el pago por parte del Ayuntamiento de Vigo a Imesapi de diversas facturas hasta una suma total de 128.582,79 euros, la mayor parte por la realización de unas encuestas de calidad.
Abunda en que existen "indicios fundados de que dichos trabajos no han sido realizados por la empresa Imesapi", y apunta a que los importes de las facturas se adaptaron a "la necesidad de cubrir el pago de las nóminas" de Vanesa Falque.
En la misma causa son investigados el concejal Santos Héctor y el funcionario municipal Francisco Gutiérrez Orue.
Recientemente, el Juzgado de Instrucción 7 declaró la complejidad de la causa y amplió el plazo de instrucción a un periodo máximo de 18 meses a contar desde el 6 de diciembre de 2015.
La magistrada lo justificó en la aparición de "nuevos elementos" durante la fase de instrucción que indujeron a la apreciación de la posible concurrencia de unos tipos penales.
