Una causa en la que se avecinan cambios. La Fiscalía ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción 1 de Vigo en el que solicita que se cite en calidad de investigados en el marco del caso Hormigón al concejal vigués Santos Héctor, al alto funcionario municipal Francisco Javier Gutiérrez Orúe y al ingeniero del Concello Jorge Muñoz Rama. Y, además de la práctica de otras diligencias, en el mismo informe también pide que se sobresea el asunto con respecto a cuatro de los 11 actuales investigados: el exconcejal del BNG Xavier Alonso Pérez y el funcionario del área de Deportes José Ángel Otero Lamas, así como el también exedil nacionalista Eudosio Álvarez Álvarez y María Gómez Janeiro, que había sido citada por su labor como jefa de servicio de Patrimonio Histórico. En el caso de estos dos últimos la fiscal matiza que no se opone al archivo penal "sin perjuicio de otras responsabilidades", ya que en relación con una de las obras por las que declararon -las del Paseo de Alfonso-Porta do Sol- ordena remitir el expediente a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por causa de una factura de 79.344 euros "por si derivase algún tipo de responsabilidad contable por no haberse seguido el procedimiento legalmente establecido a tales efectos".
El informe remitido al juzgado está firmado por la fiscal jefe de Vigo Susana García-Baquero. Dos de las tres personas que solicita que sean citados como investigados, el edil socialista Santos Héctor y Gutiérrez Orúe, están ya imputados en otra causa, la del supuesto enchufe de Vanesa Falque, cuñada de Carmela Silva. La petición de que declaren ahora en la Hormigón se hace en base a que son "responsables de la contratación" de uno de los expedientes que obran en este procedimiento. En el caso del ingeniero Jorge Muñoz, la solicitud de la fiscal se basa en otro reconocimiento extrajudicial de crédito por 12.363 euros por el remate de acondicionamiento de la intersección de las calles Gran Vía y Barcelona.
Sobreseimientos
Sobre los actuales imputados, la Fiscalía también se pronuncia. Lo hace para pedir que se sobresea la causa con respecto a el exedil de Deportes del BNG Xavier Alonso y a Otero Lamas, del mismo departamento. A ambos se les había citado por una autorización de gasto de 141.769 euros para trabajos adicionales en unas instalaciones deportivas en Barreiro, pero la acusación pública, como ambos habían manifestado en sus comparecencias, concluye que son "ajenos" a esos hechos. Tampoco se opone que se archive la causa en relación con el exedil Eudosio Álvarez y la técnico María Gómez, aunque en relación con uno de los gastos por los que se les investigaba en la vía penal insta a remitir a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas testimonio de ese expediente, el informe del interventor general y la declaración como imputados de ambos por si pudiese haber "responsabilidad contable".
Y aunque no pide sobreseimiento, la Fiscalía hace consideraciones sobre otros dos investigados, en este caso como supuestos cooperadores necesarios de delito de prevaricación continuada: los que fueran administrador y apoderado de la antigua Movexvial, Javier Carrera Álvarez y Celso Manuel Piñeiro. "[...] si bien los propios informes jurídicos obrantes en los expedientes jurídicos estudiados han puesto de relieve dudas relativas a la buena fe del empresario en el acometimiento y ejecución de obras carente de todo expediente administrativo, no se han podido acreditar, una vez practicadas las diligencias solicitadas, indicios de connivencia o acuerdo entre los citados investigados y los funcionarios responsables de los citados expedientes". Algo que la fiscal atribuye, entre otros factores, a la "antigüedad" de los hechos.
En el mismo informe el Ministerio Público señala que "no cabe el archivo solicitado" en relación con la concejal del PSOE Isaura Abelairas. Y pospone su decisión sobre si insta el sobreseimiento o no con respecto al presidente del PP vigués y concejal José Manuel Figueroa y el exgerente de Urbanismo Francisco Xavier Rivas ya que antes ve necesario practicar dos diligencias: la declaración testifical del director adjunto de los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo, Juan Aguirre, y la remisión de un oficio al Concello para que informe "sobre la identidad del concejal de Urbanismo y concejal del servicio de Electromecánicos (o en su caso de lo que en la actualidad es Fomento) en 2007". Y en relación con la solicitud de archivo efectuada por el edil socialista Ángel Rivas, la Fiscalía avanza que "se presentará a tales efectos un informe independiente".
