Los abogados del concejal de Vigo Santos Héctor y de Vanesa F.B. han presentado sendos escritos en los que se oponen a la petición del fiscal de declarar la complejidad de la causa que investiga supuestas irregularidades en la contratación en una concesionaria de la cuñada de Carmela Silva.

Ambos coinciden en señalar que la petición del fiscal "no parece justificada ni razonable" habida cuenta de que las actuaciones incoadas superan el año de instrucción por unos hechos que se remontan a hace más de ocho años.

En el caso de Santos Héctor, su abogado esgrime que faltan "varios meses" para que se agote el plazo de seis previsto con carácter general en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y considera que la instrucción está "agotada" y ha tenido "una duración más que suficiente" y ha sufrido "dilaciones incomprensibles".

Para ello se basa en "la inexistencia o, como mucho, el exiguo grado de participación" de su cliente en los hechos investigados, así como en "la inexistencia del más mínimo grado de reproche penal" en su conducta.

La representación legal de Vanesa F.B., que insiste en pedir el archivo de la causa, alega por su parte que la petición del fiscal de declaración de la complejidad adolece de concreción sobre el plazo en que debería ampliarse la instrucción.

También argumenta que las declaraciones de los investigados ya se han realizado, en el caso de su cliente en dos ocasiones; la prueba documental ya obra en autos y la pericial ya ha sido solicitada y está pendiente de ser emitida. Se remite, asimismo, a la colaboración de su cliente para el esclarecimiento de los hechos y a la ausencia de recursos para dilatar la instrucción.

En su escrito, la Fiscalía solicita al Juzgado de Instrucción 7 que declare la complejidad en vista de la documental pendiente de análisis, la pericial pendiente de ser remitida y las diligencias que puedan derivarse de las mismas. Interesa el ministerio público que se computen las sucesivas prórrogas y el plazo máximo de instrucción a partir del 6 de diciembre de 2015.

Este mismo juzgado, que también instruye la Operación Patos, accedió a la petición de Fiscalía de declarar la complejidad de aquella causa, en la que se investigan supuestas irregularidades en contrataciones por parte de diferentes administraciones públicas gallegas, la mayoría de la provincia de Pontevedra.