El Concello presentó ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional sobre el Plan Xeral de Ordenación Municipal. El alcalde, Abel Caballero, aseguró que "acepta la sentencia" del Tribunal Supremo que anuló su validez, pero señaló que quiere "saber la opinión" de este órgano judicial. En la petición alegan que se ha vulnerado el "derecho fundamental" de defensa del Concello al no haber podido recurrir la decisión del Supremo, ya que este desechó el incidente de nulidad presentado tras la sentencia.
La argumentación es que la decisión del Supremo se basó en un fundamento erróneo, una equivocación en las fechas de aprobación del Plan. Solicitó que se corrigiera y un incidente de nulidad, pero sin éxito, lo que agotó la vía judicial. El alcalde explicó que el consistorio "sigue en la batalla legal" porque "no da por perdido ningún fleco". Sin embargo, en el recurso no ha pedido la suspensión cautelar de la sentencia por un criterio de prudencia.
Caballero subrayó que a la vez siguen trabajando en la elaboración del nuevo plan de ordenación, que será igual que el de 2008, ya que aunque la sentencia lo calificó de "radicalmente nulo", su contenido es válido. "Se respeta al Supremo y se acepta su sentencia, pero creemos que tenemos razón, de ahí que por un lado respetamos lo dicho por los tribunales, pero también queremos escuchar al Constitucional y, adicionalmente, tratar que la ciudad no se pare", aseguró.
Los proyectos urbanísticos que quedaron temporalmente paralizados siguen adelante y a "mucha velocidad", afirmó. "Estamos usando la modificación de la Ley do Solo -realizada para solventar el problema urbanístico vigués- para todo aquello que tiene que ver con ámbito público". Se trata de la ampliación del polígono industrial de PSA-Citroën, las mejoras en Balaídos o la estación del AVE.
La estabilidad del Área
El delegado territorial de la Xunta, Ignacio López-Chaves, lamentó ayer que el regidor olívico ponga ahora "excusas" al Área Metropolitana, como la petición de que la ciudad tenga tratamiento de capital provincial en lo que a dotación de servicios se refiere.
El delegado recordó que hubo un acuerdo entre el Gobierno gallego y los 14 Concellos del área. "Las últimas declaraciones de Caballero son excusas que no están acordadas ni pactadas", señaló. Apuntó también que la Xunta ya ha introducido las "aclaraciones y correcciones" pedidas por los Ayuntamientos y que ahora la ley debe ser aprobada.
Caballero insistió ayer en que "sí se habló" de tratar a Vigo como capital de provincia y que él mismo lo planteó sin que hubiera oposición. "Rueda tiene mala memoria para lo que no quiere oír", señaló el regidor, quien se preguntó si el vicepresidente gallego y el presidente Feijóo "comparten el criterio antiviguista del PP de Pontevedra".
El alcalde también quiso pronunciarse sobre la polémica de la negativa de Cáritas a recibir el galardón de Vigués Distinguido. Aseguró que "respeta" la decisión de la organización, pero que está convencido de que "toda la ciudad" apoya su nominación, que ha sido avalada por 20 concejales.
