A la segunda fue la vencida. El pleno del Parlamento gallego aprobó ayer una ley que tiene como principal objetivo desbloquear los proyectos urbanísticos clave de Vigo paralizados por la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el Plan Xeral. La norma, que permitirá desatascar la ampliación del polígono de Balaídos y la estación intermodal en un plazo de seis meses, llega dos semanas después de fracasar el intento de la Xunta de incorporar una fórmula ad hoc en la nueva Lei de Solo por la oposición de AGE a los términos de la enmienda.
El PPdeG sacó adelante ayer su texto con el apoyo del PSOE, que pese a algunas discrepancias y reproches a la "improvisación" del Gobierno gallego, dio su voto favorable al incluir los populares dos de sus demandas: un periodo de exposición pública de todas las actuaciones que se tramiten siguiendo esta ley, y la obligatoriedad de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y el Grupo Mixto votaron en contra mientras que los diputados del BNG, pese a su posición muy crítica, se abstuvieron.
La ley de medidas para proyectos de urgencia o excepcional interés, aplicable a los 314 concellos gallegos pero que nace por la situación urbanística que atraviesa Vigo, se tramitó por la vía exprés ante la necesidad perentoria de desatascar los proyectos estratégicos afectados por la sentencia del Supremo, singularmente las obras en el polígono de Balaídos y su ampliación, claves para el crecimiento de PSA-Citroën; y la estación intermodal de ferrocarril y autobús en Urzáiz. También el proyecto de la Ciudad de la Justicia quedó afectado, pero si se consolida la apuesta de la Xunta por situarla en el antiguo Hospital Xeral, iniciativa con la que está de acuerdo el Concello, no sería preciso recurrir a esta vía urbanística.
La conselleira de Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, explicó en la exposición de la ley ayer en la Cámara que la tramitación desbloqueará las actuaciones en un plazo de cuatro a seis meses. "Es un texto trabajado y analizado por los responsables de asesoría jurídica y técnicos de la consellería. Permite una tramitación ágil y segura, y hay actuaciones públicas que no pueden esperar", afirmó la conselleira, para agregar que la norma "blinda la autonomía municipal", ya que el informe que tiene que emitir el Concello al comienzo del proceso es vinculante. De ser desfavorable, cualquier proyecto impulsado por esta vía será archivado.
La iniciativa para promoverlos corresponde a la consellería competente sobre cada actuación, que debe formularlo debidamente justificado ante el Ayuntamiento. Este lo someterá a exposición pública durante 20 días y realizará su informe en diez.
A partir de ahí, con el plácet municipal, la consellería recabará con carácter urgente los informes sectoriales entre todos los departamentos afectados y se tramitará la Declaración de Impacto Ambiental (no la Evaluación Estratégica, más compleja y larga, salvo que la actuación en cuestión lo requiera por tener una incidencia importante sobre el medio). Tras el dictamen de la Comisión Superior de Urbanismo y la aprobación de la consellería, se dará vía libre en el consello de la Xunta, lo que despejará el camino urbanístico para poder acometer la actuación, en este caso prioritario la ampliación de Balaídos y la intermodal.
Mato señala que el procedimiento no sustituye al Plan Xeral, sino que se crea para "actuaciones públicas que de quedar paralizadas causarían un grave perjuicio social y económico". Descarta además que puedan colarse grandes operaciones privadas, frente a las críticas de AGE y el Grupo Mixto sobre una posible vía abierta a futuros "pelotazos". "La ley lo dice claramente: son proyectos públicos sometidos a todos los controles, nunca iniciativas lideradas por entidades privadas, que quedan absolutamente fuera de la tramitación de la ley", explicó. Aunque el destinatario de las obras en Balaídos es PSA, el promotor del polígono es Zona Franca.
Textos alternativos
PSOE, BNG y AGE presentaron textos alternativos, mientras que el Grupo Mixto pidió la retirada de la ley al alegar su portavoz, Consuelo Martínez, que el procedimiento seguido "impide el diálogo y busca legislar un urbanismo de la ley de la selva".
El portavoz de Urbanismo del PSOE, Xosé Sánchez Bugallo, criticó los "errores y falta de previsión de la Lei do Solo" ante posibles situaciones como la que se ha dado con el Plan Xeral olívico, pero afirmó que "los vigueses esperan una respuesta a su problema" y destacó la importancia de PSA y la intermodal. Los socialistas están en desacuerdo con que la ley cargue sobre los concellos el proceso expropiatorio y su coste, lo que considera "profundamente injusto". Sin embargo, ante la necesidad de una solución y al incluirse la exposición pública y la evaluación ambiental estratégica como demandaban, dieron por válido el texto del PP. "Aceptaremos pulpo como animal de compañía", resumió Bugallo.
El diputado popular Jaime Castiñeira contestó que no se impondrán costes de expropiación a los concellos contra su voluntad, ya que "la mejor arma que tienen es su informe vinculante". Los ayuntamientos "pueden conveniar la financiación del suelo necesario con otras administraciones beneficiarias", indicó. En el caso de Balaídos, por ejemplo, será Zona Franca la que pague los terrenos, pese a que el Concello se encarga de gestionar el proceso. Ambas instituciones firmaron un convenio al efecto, frustrado por la sentencia del Supremo.
"Estamos resolviendo un problema generado por el bipartito en la Xunta", lamentó Castiñeira, en referencia a que la sentencia nace de la falta de evaluación estratégica ambiental en 2008, cuando gobernaban PSOE y BNG. El diputado subrayó que la ley "respeta la autonomía municipal y promueve la colaboración entre administraciones", y culpa a AGE del retraso en la solución urbanística al oponerse a introducir la enmienda en la Lei do Solo. "Era lo razonable", defendió. Pese a su urgencia, la ley aún tardará casi un mes en entrar en vigor. Se publicará en el DOG el 20 de marzo, un día después que la Lei do Solo, ya que de hacerse antes quedaría anulada por esta última. Tendrá vigencia, así, desde el día 21.
El viceportavoz de AGE, Antón Sánchez, calificó a los populares de "chafalleiros" y defendió que su grupo quiere "una solución, no una patada hacia adelante que nos lleve al mismo problema dentro de cuatro años", preguntándose cómo es que hasta el último día la Xunta no incluyó cuestiones de calado como la exposición pública y la evaluación ambiental, haciéndolo a través de una enmienda. "Esto todo fue un puro teatro y una operación electoralista del PP para aparecer ahora como los salvadores", se mostró convencido Sánchez. Frente a la actitud "irresponsable" que se achaca a su grupo, el parlamentario contestó que la negativa de AGE a modificar el artículo 144 de la Lei do Solo para introducir la fórmula que ahora se ha habilitado a través de esta nueva ley "sirvió al menos para mejorarla", en alusión a la incorporación de la exposición pública y la evaluación ambiental. Con todo, Alternativa votó en contra del texto del PP, que considera un "maquillaje".
La diputada Ana Pontón (BNG) cargó contra el procedimiento de aprobación. Sostiene que es "una modificación encubierta de la Lei do Solo" (al igual que opina también Sánchez Bugallo) y considera que genera serias dudas jurídicas. "Omite informes obligatorios y no cumple con la ley de transparencia, lo establecido en la de régimen local y tampoco con la del Consello Económico e Social", sostiene.
Pontón acusa a los populares de "poco rigor y una falta de seriedad muy grave", asegurando que el gobierno autonómico "está jugando con los intereses de Vigo". El Bloque calificó la ley aprobada de "chapuza desde el punto de vista político y jurídico".
Consuelo Martínez, portavoz del Grupo Mixto, denunció que la norma "pretende legalizar lo que es ilegal con un fraude democrático, sin posibilidad de enmiendas ni propuestas de modificación del articulado". Además, sostiene que el proyecto "garantiza los planes de las grandes corporaciones y desprotege a la ciudadanía".
Críticas de Marea
Por otra parte, el grupo municipal de Marea en Vigo emitió una nota en la que calificó de "vergonzoso e indecente el papel del alcalde estas semanas". La formación cree "un disparate político las acusaciones vertidas [por Caballero] contra AGE y Marea por supuesto antiviguismo al pedir exposición pública y periodo de alegaciones", y esgrime que así lo demuestra que el texto alternativo presentado por el PSOE en el Parlamento incluye estas demandas.
