DEFENSA DEL PARTIDO JUDICIAL VIGUÉS

Partido Judicial Vigo: "El modelo provincial de la Justicia es del XIX, ignora la realidad socioeconómica y Vigo es el mejor caso"

"Queríamos más crítica del Poder Judicial con la reforma de Gallardón, que dará más problemas que soluciones"

20.06.2014 | 12:28
Joaquim Bosch, magistrado valenciano y portavoz nacional de Jueces para la Democracia.

Joaquim Bosch - Magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) celebró esta semana en Oviedo su reunión anual. Bajo el título "La independencia judicial", el eje del 29 congreso de este colectivo profesional de magistrados fue el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la polémica reforma de Gallardón que relegaría a Vigo a ser mera sede desplazada de un tribunal de instancia con cabecera en la capital. Uno de los acuerdos de este encuentro -a raíz de una ponencia expuesta por la magistrada viguesa Magdalena Fernández con un informe que elaboró conjuntamente con el también magistrado Julio Picatoste- fue el de rechazar este modelo basado en la provincialización. El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, considera que Vigo es un "caso muy claro" de los perjuicios que generará el mapa territorial que planea el Ministerio de Justicia.

- El anteproyecto de Gallardón apuesta por Tribunales Provinciales de Instancia (TPI) en las capitales de provincia y sólo deja la opción de sedes desplazadas, ¿qué opinión le merece?

- Nosotros consideramos que se apuesta por un modelo poco matizado y poco adecuado a la realidad geográfica de muchas partes de nuestro país. El proyecto tampoco tiene en cuenta criterios de eficiencia ni de aprovechamiento de los recursos existentes. Lo rechazamos porque puede alejar la Justicia de los ciudadanos, y al mismo tiempo estimamos que deben revisarse algunos de sus criterios para no generar desigualdades territoriales ni perjuicios a la ciudadanía. En concreto, el caso de Vigo puede ser un caso muy claro de que tal y como está planteada la reforma, va a generar más problemas de los que pretende resolver.

- En el congreso de JpD que ayer clausuraron se expuso un informe de dos magistrados vigueses en el que se pone el caso de la ciudad olívica como máximo exponente del sinsentido de la reforma...

- Sí. Vigo y otras ciudades, pero en el caso de Vigo es muy llamativo, demuestran que no se puede ir a un modelo provincial uniforme, porque éste procede del siglo XIX y actualmente el desarrollo económico y la realidad social es otra. Hay provincias con una organización muy uniforme y otras con una estructura más desigual, y por ello se debe adecuar el mapa judicial a la realidad social que tienen los ciudadanos. Porque si no se estará implantando un modelo monolítico que no se ajusta a las demandas de la sociedad. Y en este caso el de Vigo es un buen ejemplo de ello, un ejemplo que debe de llevar a reflexionar de cómo resolver unos problemas que a nosotros nos parecen evidentes.

- En el contexto de esta reforma, ¿apoyaría entonces un tribunal de instancia propio para Vigo?

- No me atrevo a afirmar con rotundidad si esa debe ser o no la solución para Vigo. Pero sí sostengo que el modelo que se plantea no se ajusta al desarrollo social de una serie de ciudades que no son capitales de provincia, como está claro que es el caso de Vigo, y que va a provocar perjuicios a ciudadanos y a profesionales de la Justicia. Hay que buscar una solución y ésta no es la que se expone en la reforma. Que se plantee una división interna en las provincias u otro tipo de fórmulas, creo que estamos a tiempo de reflexionarlo, siempre desde la premisa de que la propuesta actual no es positiva.

- ¿No se adelanta entonces una solución desde JpD?

- La reforma está en fase de anteproyecto, algo que se plantea precisamente para abrir un debate. Y la primera premisa del debate es si esto es viable o no lo es. En muchos casos no lo es porque aleja a la ciudadanía de la Justicia y vulnera criterios de optimización de recursos en el ámbito geográfico. Lo que hemos acordado hoy [por ayer] en el congreso, a propuesta de la magistrada de Vigo Magdalena Fernández, es rechazar de forma absoluta este modelo provincial con carácter bastante uniforme, pero no hemos indicado cuál sería la alternativa ya que estamos en ese proceso de debate.

- Esta semana se conoció un primer informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se apoya el plan de Gallardón con respecto a los TPI, lo que provocaría que Vigo perdería su estatus judicial, ¿qué opina sobre este planteamiento?

- Se trata de las bases de un informe que no es vinculante y que todavía no está aprobado, ya que va aún el 26 de junio al pleno del CGPJ. En todo caso, creemos que el planteamiento que realiza el Consejo es insuficiente, echamos de menos una actitud más crítica con respecto al anteproyecto que plantea Gallardón.

- ¿Aprecia escasa sensibilidad en el órgano de gobierno de los jueces? ¿Considera que está politizado?

- Tengo conocimiento directamente de que estos problemas les preocupan y de que son conscientes de que se pueden provocar disfunciones. De hecho en dos reuniones distintas, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, citó a Vigo como caso claro de que se van a generar perjuicios para los ciudadanos. Pero a partir de ahí efectivamente el Consejo debe demostrar más autonomía respecto al poder político. Su propuesta actual es insuficiente y debe profundizar para desmarcarse si hace falta del Gobierno, porque es un órgano autónomo y porque si se cierra en banda, al final eso provocará un distanciamiento con respecto a la gente que sufre estos problemas. El Consejo debe estar muy al margen de lo que piensa el Gobierno para actuar con criterios de eficiencia, aunque esto le puede generar algún conflicto.

- Antes manifestaba que el pleno del CGPJ aún debe reunirse el día 26 para emitir su dictamen definitivo al anteproyecto, ¿tiene esperanza de que cambien su criterio?

- A la vista del funcionamiento interno del CGPJ lo veo complicado. En la práctica el primer informe que ya se conoce fue consensuado por la Comisión Permanente, y en lo que respecto a los TPI da la impresión de que hubo un pronunciamiento muy moderado de crítica a la provincialización. Es probable que este criterio no se vaya a rectificar, aunque es cierto que todavía queda tiempo para que se presenten enmiendas y que, en su caso, se puedan aprobar.

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