El futuro de la estructura judicial viguesa entra en una fase decisiva.La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial celebrará el 12 de junio una reunión monográfica en la que se "perfilará la propuesta de informe" sobre la reforma de Gallardón que suprime los partidos judiciales. Será la jornada clave en la que los magistrados deberán decidir si dan su apoyo al anteproyecto o lo rechazan y exigen cambios como hizo ayer el Tribunal Supremo y, previamente, los jueces instructores de la Adiencia Nacional, asociaciones profesionales y, ya en el ámbito regional, la Consellería de Presidencia de la Xunta, la Fiscalía Superior de Galicia, el Consello da Avogacía Galega y la propia Junta de Jueces de Vigo, que llegó a advertir de que dejar a la primera ciudad de Galicia sin sede judicial autónoma podría vulnerar la Constitución.

Esta corriente unánime que demanda para Vigo un tribunal de instancia independiente del de la capital de provincia atendiendo a su mayor volumen de asuntos, población y peso económico, se someterá a examen el jueves de la próxima semana ante una sala dividida. Desde ese día y hasta que el 26 de junio está previsto que se vote el informe en un pleno ordinario, los 20 vocales del Poder Judicial podrán realizar aportaciones al texto. El documento final se emitirá tras escuchar la opinión de los órganos de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores autonómicos, los jueces decanos y una amplia representación de magistrados.

Ayer mismo el máximo órgano de representación de los jueces españoles reconoció que en el proceso de consulta abierto a toda la carrera judicial se han recibido "más de 1.400 aportaciones" que demandan cambios en 304 de los 667 artículos del anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, lo que demuestra el descontento general con los cambios planteados.

Al margen de la ordenación territorial, que es la cuestión que más preocupa en ciudades como Vigo, Gijón, Elche o Cartagena, que quedarían como sedes subordinadas de las capitales pese a tener más litigios, las principales críticas de los jueces españoles se refieren a la estructura de los tribunales, la composición y competencias de las salas de gobierno, la jurisprudencia vinculante y la libertad de expresión y la selección y nombramiento del personal.

Desde el Poder Judicial avanzaron ayer que estas propuestas "serán tenidas en cuenta a la hora de redactar su informe al anteproyecto", que no cuenta con ningún respaldo explícito que justificase el 12 de junio una valoración positiva por parte del órgano integrado por doce jueces, ocho juristas y un presidente. Cuando se sienten a analizar los pros y contras del texto legislativo de Gallardón tendrán sobre la mesa los argumentos de la Junta de Jueces de Vigo, que exige la "modificación" del plan estatal que centraliza la justicia en las capitales de provincia al considerar "imprescindible" contemplar la "excepción viguesa". Argumenta que Vigo funciona como "capital de provincia" a efectos judiciales y responde mejor a la necesaria proximidad del sector al ciudadano.

El último informe sobre la reforma de la LOPJ es del Tribunal Supremo, cuya Sala de Gobierno advierte ya en la introducción de que se trata de un texto "esencialmente crítico" que reclama "modificaciones de calado". No les vale el modelo de justicia que plantea el Gobierno y alertan de que entre otras cuestiones relativas a retribuciones, jubilación y jurisprudencia vinculante, "trasluce una idea de jerarquización de los órganos judiciales".