Un modelo con siete tribunales de instancia en Galicia, en vez de cuatro provinciales como se plantea ahora, y especial mención a Vigo como "caso singularísimo". La Xunta de Galicia ha emitido su informe sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial promovida por el ministro Alberto Ruíz Gallardón, -cuyo texto priva a la ciudad del partido judicial y la relega a sede "desplazada"-, y destaca expresamente el peso de Vigo en su argumentación, tanto por demografía como por la carga de trabajo que acumulan los órganos judiciales olívicos. Además, la Consellería de Xustiza demanda en sus alegaciones a la reforma el mantenimiento de los demás partidos judiciales de Galicia sin variar su denominación y conservando "las sedes judiciales operativas en todos los emplazamientos que ahora existen", reza el informe con las propuestas remitidas al Secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, a fin de que las tenga en cuenta y modifique el anteproyecto.
El conselleiro Alfonso Rueda había anunciado públicamente que defendería sin distinción los partidos judiciales de las siete ciudades gallegas, equiparando Vigo a Ferrol y Santiago pese a las sustanciales diferencias de volumen de asuntos, demografía y actividad económica. El informe enviado al ministerio solicita que las tres urbes tengan su propio Tribunal de Instancia, figura reservada en el anteproyecto solo a las capitales de provincia. Sin embargo asume que la de Vigo es una situación excepcional. "Sin duda el caso singularísimo -y cuyo ejemplo puede ilustrar perfectamente el de las tres ciudades en su conjunto-, lo representa el actual partido judicial de Vigo. Engloba, por sí solo, más del 48% de la carga de trabajo de los órganos judiciales unipersonales de la provincia de Pontevedra (82.736 asuntos en 2013, sobre los 174.158 del total provincial)", refleja el informe firmado por el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez, que agrega: "Además, concentra más de un tercio de la población de la provincia, concretamente el 35,63% (340.257 habitantes del total, que suma un poco más de 955.000 habitantes".
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Para reforzar este razonamiento el director xeral recuerda todas las dotaciones judiciales de la ciudad, entre ellas los 34 juzgados, dos secciones de la Audiencia Provincial, Registro Civil exclusivo, "la Fiscalía de Área más importante de Galicia y la Subdirección del Instituto de Medicina Legal de mayor tamaño de esta Comunidad Autónoma". Y aún amplía los argumentos al recordar que fue necesario disponer dos juzgados de refuerzo para atender la carga en asuntos laborales y materia civil frente a los contratos de preferentes y deuda subordinada. "Vigo es, así, una de las 20 poblaciones con mayor carga de trabajo a nivel de todo el Estado", remata.
Para la Xunta el modelo de demarcación provincial con la existencia de un único órgano judicial de primer grado no se ajusta a la idea que plantea el propio anteproyecto de lograr que la justicia se perciba "como un medio cercano, de eficacia inmediata y de fácil acceso para los ciudadanos", señala el informe que ha trasladado a Madrid.
El planteamiento de Xustiza pasa por ampliar los cuatro tribunales de instancia que se proyectaban, uno por capital de provincia, a siete, incluyendo a Vigo, Santiago de Compostela y Ferrol, de las que se subraya su "protagonismo propio y singular". A mayores se mantendrían todos los partidos judiciales actuales de Galicia, sin variar su denominación, admitiendo "los cambios organizativos y jurisdiccionales que en su caso llegaran a establecerse, incluidas las decisiones que pudieran adoptarse sobre su especialización".
Con el sistema uniprovincial planteado se corre el riesgo de dejar infrautilizadas las dependencias existentes, y la Xunta remarca toda la inversión que se ha realizado en las dos últimas décadas en infraestructuras judiciales, un importe cercano a los cien millones de euros en más de 200 actuaciones. Además, pide que se establezca una memoria económica que determine las cargas financieras de la nueva organización propuesta y las previsiones de traspaso de fondos desde la Administración estatal a la autonómica para costear estos gastos.
Otras de las peticiones de la Xunta se refieren a su capacidad de decisión para nombrar a secretarios de Gobierno y Coordinadores Provinciales, y también demanda que el personal de los Juzgados de Paz -que se limitan a labores de apoyo y acceso al Registro Civil con la reforma- quede adscrito "a los distintos órganos o servicios judiciales de la sede que fuera cabecera del partido judicial", en especial al Servicio Común de Notificaciones y Embargos, Servicio de Registro y Reparto, de Apoyo así como a otros que se creen.
