El Juzgado de Instrucción número 7 centra sus pesquisas sobre el caso Bautista Administradores en dos frentes: esclarecer las operaciones irregulares que, en mayo, reconoció ante la propia magistrada el responsable de la gestora, Rafael Bautista; y averiguar el paradero del millón de euros en que se estima la presunta estafa. Para lograr el primer objetivo el auto ordena designar un perito economista que examine la contabilidad de la firma. El segundo propósito motiva la puesta en marcha de una investigación. Y es ahí donde -de forma significativa- Instrucción 7 no cierra ninguna puerta. En su providencia urge analizar la posible "reinversión" en la gestora de los fondos desaparecidos; pero también los bienes y cuentas de sus responsables. De momento ya se han requerido datos a entidades financieras sobre los movimientos de Bautista para seguir la pista del dinero que reclaman 70 comunidades de propietarios de todo Vigo.

En el auto que ayer adelantó FARO la magistrada María del Carmen García Campos ordena a la Policía Nacional que "averigüe" el patrimonio de la sociedad -Bautista Administradores S.L.-, los administradores solidarios, Rafael Bautista y su hija María; y su entorno familiar. La razón, justifica la providencia, es "determinar el posible destino del dinero defraudado". El auto va más allá e incluso encarga al auditor que se centre en el paradero del millón de euros supuestamente estafado.

El informe pericial -dictaba a principios de junio la magistrada García Campos- debe "examinar la contabilidad de la entidad, reflejando su estado, evolución en los últimos años, determinar sus cargas (préstamos, alquileres, trabajadores, seguridad social, AEAT...) e informar sobre la reinversión en dicha sociedad de las cantidades defraudadas a las comunidades y propietarios".

La indicación de indagar en el posible uso del dinero desaparecido para cubrir gastos de la gestora llega después de que, en mayo, el propio Rafael Bautista reconociera movimientos irregulares. Durante una comparecencia de más de dos horas el dueño de la firma admitió transferencias entre cuentas, asumió la responsabilidad -hay otros cinco imputados en el proceso, entre ellos sus dos hijas y esposa- y lo justificó todo por una mala gestión. Según fuentes judiciales Bautista reveló que la situación económica de su sociedad era muy mala. Los cerca de 40.000 euros que ingresaba la firma cada mes, alegó entonces, no eran suficientes para afrontar todos los gastos.

El auto de la magistrada de Instrucción número 7, que engloba 70 denuncias de comunidades de propietarios por estafa y apropiación indebida, elevan la suma defraudada a un millón de euros. El presunto delito -concreta la magistrada- se vería "especialmente agravado" debido a la "entidad del perjuicio causado y el valor de la defraudación". Concluye además que los responsables de la gestora actuaron "con conocimiento".

García Campos impone en consecuencia a la sociedad y sus administradores solidarios -Rafael y María Bautista- una fianza de 1,35 millones "para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas". En la providencia -fechada en junio- se les otorga cinco días para presentar un recurso. La medida cautelar solo afecta a los responsables al considerar el juzgado que "participaron de forma más directa en la comisión de los hechos". Contra los restantes imputados, razona el auto, los indicios son "más endebles" y "menor o inexistente su capacidad de gestión o disposición de los ingresos de las comunidades".

A pesar de que la causa suma ya 70 denunciantes la juez ve "previsible" que el proceso gane nuevos denunciantes. El perito que designa la providencia debe, además, "determinar otros perjuicios derivados por impagos de recibos de cargo de dichos propietarios, imposición de sanciones o recargos por impagos y demás". Hasta febrero -cuando empezaron a hacerse públicas las quejas de las comunidades afectadas- Bautista destacaba como la mayor gestora de fincas de Vigo. Su cartera de negocio abarcaba 400 comunidades, lo que representa cerca de 16.000 viviendas y locales.

La magistrada se dirige al Colegio de Administradores de Fincas de Galicia para saber si su póliza colectiva de seguro de responsabilidad civil cubre a la gestora de la calle San Salvador y sus dos administradores. También solicita en el auto al propietario de la firma, Rafael Bautista, su póliza.