El impago de pensiones a hijos de parejas divorciadas se dispara en la provincia de Pontevedra hasta un 20,8 por ciento tras detectarse en 2011 un total de 517 casos. Según la última memoria de la Fiscalía gallega, el incumplimiento del abono de la manutención también aumentó un 1,9% en A Coruña, donde se registraron 330 procedimientos durante el año pasado, mientras que en las provincias de Lugo y Ourense descendieron un 30,5% y un 7,5%, respectivamente.
Otro de los delitos contra las relaciones familiares que crece en toda la comunidad gallega es el quebrantamiento del deber de custodia por parte de alguno de los cónyuges, esto es, que uno de los padres eluda la responsabilidad de visitar a sus hijos, o bien, que el otro progenitor no le permita verlos. La provincia de A Coruña, con 259 procedimientos, registra la mayor subida, un 79,9% respecto a los casos de 2010.
En Lugo la cifra ascendió un 84,6%, con 48 procedimientos en los juzgados; en Ourense aumentó un 58,8% tras denunciarse 27 infracciones; y en Pontevedra, el aumento fue del 8,2%, con 27 incoaciones.
La crisis y el desempleo están detrás de ambos delitos, según señalan los abogados consultados por este periódico. La gerente del colegio lucense, Mercedes Alvite, explica que el impago de las pensiones a causa del aumento del paro provoca como consecuencia que muchos progenitores prohíban a sus exparejas visitar a los hijos de ambos para castigarlos por no abonar el subsidio fijado.
Pero detrás de las cifras recogidas en la memoria anual del órgano fiscalizador que dirige Carlos Varela también están los cientos de padres divorciados que tras haberse quedado en el paro y sin recursos acuden a la Justicia para reclamar que se revisen las pensiones de manutención que deben abonar a sus hijos.
Frente a las 271 modificaciones de medidas de familia que tramitó el turno de oficio durante el año 2010, este tipo de recursos se triplicó en 2011 hasta llegar a las 799.
Desde el colegio de abogados de Santiago explican que "hay un vínculo directo entre este repunte y la situación de crisis porque padres que hace tres años podían pagar sin problemas una pensión de, por ejemplo, 800 euros, ahora solicitan al juez una modificación a la baja porque sus circunstancias económicas han cambiado".
La letrada de Lugo Mercedes Alvite señala que la tendencia detectada por la Fiscalía continúa en aumento durante 2012. En el colegio lucense avisan de que cada vez hay más solicitudes de ejecuciones de sentencias y también más procedimientos de familia.
