El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó la semana pasada un "fallo histórico" que sanciona la actuación de la subdelegación del Gobierno en Pontevedra y la Brigada de Extranjería de Vigo por su actuación en el caso de los dos polizones ghaneses que llegaron a la ciudad en junio de 2009 a bordo del buque noruego Virana. En su sentencia el alto tribunal autonómico concluye que ambas administraciones "vulneraron el derecho a la asistencia jurídica gratuita" por no ofrecer un abogado a los polizones. "Se trata de una práctica común en toda España a pesar de que ese derecho viene contemplado en la Ley de Extranjería", apunta Javier Galpasoro, responsable de la Comisión de Ayuda al Refugiado (Cear)e impulsor de la querella.

El caso de los dos polizones de Ghana saltó a la prensa cuando declararon que eran menores de edad. Según afirmaron a su llegada al muelle de Guixar, –viajaron más de 4.000 kilómetros ocultos en un contenedor– los jóvenes tenían 15 y 13 años y provenían de las localidades de Tema y Takoradi, ambas en Ghana. Tras someterles a un examen médico la Subdelegación del Gobierno, dirigida por Delfín Fernández, determinó que superaban los 19 años y los embarcó de nuevo en el Virana rumbo al puerto francés de La Rochelle-La Pallice. Cear y Amnistía Internacional (AI) consideraron incorrecta esa actuación y presentaron un recurso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Número Tres de Pontevedra en junio de 2010.

El Tribunal juzgó entonces que la Subdelegación y la Brigada de Extranjería no habían cometido ninguna irregularidad en la atención a los polizones y la determinación de su edad. Ahora el Superior –tras un recurso impulsado por Galparsoro– ratifica esta última conclusión pero sanciona que no se ofreciese asistencia letrada a los dos polizones. "Cómo sabemos lo que quieren si no les ofrecemos un abogado", se preguntaba ayer el responsable de Cear antes de apuntar que "esta es la primera vez que un tribunal español se manifiesta de manera tan contundente sobre el trato a los polizones".

La sentencia sienta así precedente en la aplicación de la Ley de Extranjería. Hasta ahora cuando la Policía detecta a un polizón aplica un protocolo que solo contempla la intervención de un letrado si el emigrante solicita asilo político o declara desde un primer momento su deseo de residir en España. "Eso es muy difícil"–apunta Alberto Estévez, de AI– "en muchas ocasiones se requiere la intervención de un profesional cualificado para realizar la entrevista". La intención de Galparsoro y Estévez es que "en toda entrevista a un polizón esté presente un abogado, como establece la Ley". Consultada por este periódico la Subdelegación del Gobierno declaró ayer "desconocer" el fallo del Superior.