SANDRA PENELAS
“Prudente y eficiente en la gestión financiera” y consecuente con el hecho de que los ciudadanos quieren“la mejor posible”. Son algunas de las recomendaciones que Emilo Atrio lanza a la Universidad de Vigodesde el órgano que se ocupa de mantenerla conectada a la sociedad.
–En el ultimo acto de reconocimiento a las empresas colaboradoras usted dijo que las universidades “son la solución”. ¿Hasta qué punto cala el mensaje en el tejido gallego?
–Tenemos un firme compromiso para que ambas tengan horizontes compartidos. Es el único modelo posible, y no solo porque el 85% de los titulados recale en la empresa privada, también porque estamos pasando de la universidad de la cantidad a la de la calidad, y de los mercados protegidos a los competitivos. De nada sirve un espacio uniforme para las universidades europeas si no conseguimos una institución conectada con el sistema productivo, la vida empresarial, el mercado de trabajo y el pulso social.
–Las estadísticas revelan, sin embargo, que son muy pocas las empresas que recurren a las universidades. ¿Tienen los consellos capacidad para intensificar esta relación?
–Los datos no son los deseables, pero fijan el reto. Un estudio refleja que poco más del 12% de las empresas del entorno de los tres campus conocen sus posgrados, aunque las que contestan que sí los valoran alto. Los consellos tenemos encomendada la conexión de ambas orillas, y aunque nuestras competencias son las que son, el legislador nos ha diseñado como un puente capaz de aguantar pesos extremos.
–Los universitarios se redujeron mientras las plantillas de profesores y los títulos aumentaron. ¿Ha conseguido Bolonia ajustar la oferta a la demanda y a las exigencias del mercado laboral?
–Los profesores son necesarios para el espíritu de Bolonia y el futuro. El mercado regulará los títulos porque, si no son necesarios, el gasto es inadmisible. Y si se pueden anticipar decisiones, mejor. Si un criterio vale para Física en Ourense [la carrera se cerró y fue sustituida por un grado de Ciencias Ambientales] debe seguir siendo útil en casos semejantes. Estamos en plena maduración del proceso Bolonia. Ha sido complejo, pero se ha hecho. Hay algunos indicios, bastantes temores y alguna frustración ya anunciada, pero es prematuro extraer conclusiones. Sí percibo cierta decepción, pero desconozco su amplitud. El tiempo dirá si ha merecido la pena.
–La crisis está provocando una vuelta a las aulas, ¿qué datos manejan sobre inserción?
–Casi siete de cada diez titulados gallegos están trabajando y tardan 4,7 meses en encontrar el primer empleo. También son más del 33% los que siguen estudiando un máster o un posgrado. Pero en la letra pequeña de estos estudios es donde se advierte la bondad o la maldad del sistema. Y hay muchas lecturas. ¿Por qué casi la mitad de los titulados han tenido que rechazar alguna oferta?; ¿por qué el 44% trabaja en A Coruña y en Ourense lo hace apenas el 8%?; o ¿por qué el 50% de los empleados consideran escasísimas sus posibilidades de promoción en la empresa? Ante estas realidades, ¿qué debemos mejorar?
–La situación económica retrasa la apertura del mapa de titulaciones, ¿qué escenario se cristalizará cuando se dé el pistoletazo de salida?, ¿debería Vigo exigir Medicina?
–No se espera que se abra antes de 2012, pero ya hemos pedido formalmente al equipo de gobierno de la Universidad que empiece a trabajar en las propuestas tan pronto se conozcan los criterios y que considere pedir la titulación de Ingeniería Biomédica. Es una clara apuesta que daría especial relevancia a su oferta, porque además está relacionada con muchas de las competencias que ya posee. Respecto a Medicina, sigo las reflexiones de los expertos, por el coste y porque se puede avanzar de forma más eficiente por otros caminos. Sí es cierto que habrá que repensar las ofertas. Por lo de pronto, Vigo no tendrá que cerrar ningún máster por insuficiente alumnado.
–La Xunta sostiene que hay demasiados investigadores en las universidades y su nuevo plan de I+D hace esfuerzos en las empresas. ¿Están preparadas para contratarlos?
–Todos los indicadores resaltan la importancia de la investigación universitaria. Hay un punto débil: las inversiones tienen un carácter demasiado coyuntural, cuando su necesidad es permanente. Lamentablemente, la I+D no es todavía un valor fijo, intocable y prioritario. Aún así, existe un impulso decidido de programas compartidos entre universidad y empresa. Pero la transferencia requiere voluntad, orientación, organización y recursos. Y la sociedad debería adquirir conciencia y tomar posiciones llegado el caso.
–En la negociación del nuevo plan del sistema gallego, Vigo hace valer la financiación por objetivos. ¿Se impondrá esta filosofía?
–El Consello Social suscribe la financiación ligada a objetivos. Se debe valorar la calidad y la eficiencia para que los alumnos puedan preferir a una universidad sobre otra. Hará falta tiempo, reflexión, transparencia, debate, consenso y pulso firme, pero debe tratarse sin debilidades, ni concesiones de partida.
–Ante el recorte de fondos, la Universidad se propone captar fondos externos, ¿de qué manera puede ayudar el Consello Social?
–Nuestra capacidad de ejecución debe redefinirse. Tenemos una función más orientada a iniciativas y a generar confianza e interés. Los servicios que da la Universidad deben ser el atractivo que anime la llegada de recursos privados y tendrá que aumentar los propios mediante la transferencia o los nuevos “usuarios” –formación continua, mayores de 55 años...–, o bien por el control social de la eficiencia del gasto.
–Hay voces críticas con las “viejas” estructuras, ¿le parece eficiente el actual modelo de las universidades?
–Los tiempos piden revisar cuestiones como el modelo de gobierno y aquí hay cierta inclinación a observar a las universidades europeas, donde los consejos de mayoría social son los que reportan mayor flexibilidad y autonomía en el gobierno. Y también son parte de la bóveda en cuestiones como la rendición de cuentas o la financiación. Hay mucho por hacer.
–En otros países, la relación con los antiguos alumnos se traduce en donaciones.
–Debe hacerse bien, a través de una estructura específica y estable. El Consello Social promueve la creación de una Oficina de Egresados. Es necesaria, no solo para la captación de fondos, sino por su interlocución social, contactos e ideas.
–El Gobierno se está planteando penalizar económicamente a los repetidores, ¿le parece una medida acertada?
–Ya se aplica en muchos países del entorno y merece, por lo menos, un análisis. La matrícula apenas cubre el 15% del coste del curso en una universidad pública, lo que conlleva cierta relajación que en una privada, donde se pagan 6.000 euros, no se produce. Parece oportuno incorporar criterios de exigencia y rendimiento, obligados además por el carácter público de los fondos que financian mayoritariamente esta enseñanza.
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