Después de la cascada de sentencias que ratificaron la ilegalidad de las dos torres y el centro comercial de Finca do Conde, el Concello ha recibido un fallo judicial positivo para sus intereses. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado las licencias que la promotora de la urbanización había obtenido para levantar dos edificios de diez y seis plantas con 60 viviendas. La construcción, pese a que el permiso fue concedido en 2004, no llegó a comenzar, con la salvedad de una explanación del terreno, y el Concello, después de que el Tribunal Supremo dictase la sentencia firme contra todo el ámbito, declaró la caducidad de las licencias en abril de 2007 ante el riesgo de tener que enfrentarse a indemnizaciones mayores. La empresa, Finca do Conde S.A., recurrió la resolución, y el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Vigo le dio la razón. Ahora el TSXG se la devuelve al Ayuntamiento.

Este último dictamen del alto tribunal gallego señala que cuando el Concello suspendió los permisos "la obra ni siquiera había comenzado efectiva y materialmente, más que en lo que se refiere a meras tareas de balizamiento del terreno y eventual excavación y explanación que no cabe considerar relevantes". La ley, agrega el magistrado del TSXG, establece que transcurridos tres años desde el otorgamiento del la licencia sin que se iniciasen las obras, ésta "se entenderá caducada automáticamente", por lo que avala la decisión municipal. Contra el fallo judicial no cabe recurso ordinario.

El plan urbanístico de Finca do Conde, anulado en sentencia firme del Tribunal Supremo en diciembre de 2006, preveía dos torres, el centro comercial Gran Vía –estos ya construidos–, y otros cuatro edificios que no llegaron a levantarse. En julio de 2004 la Concejalía de Urbanismo dio la licencia para los dos bloques de seis y diez plantas. El fallo del Supremo, que vino a ratificar otros anteriores del TSXG, activó todas las alarmas, y el gobierno de Corina Porro, a instancias de una moción del PSOE que pedía decretar la suspensión inmediata de licencias por las consecuencias que podría acarrear la construcción de nuevos bloques de viviendas, decidió en 2007 resolver la caducidad amparándose en que las obras no habían empezado. Un informe de la Gerencia alertaba de que tras declararse ilegal la urbanización los permisos incurrían en "causa de nulidad", por lo que de levantarse los dos edificios aumentaría la indemnización que tendría que desembolsar el Concello a los afectados, –estimada ahora en torno a 300 millones si se llegasen a derribar las torres y el centro comercial–. Un inspector municipal visitó la parcela y constató que "no se observa maquinaria ni elemento que indique el inicio de la construcción", lo que dio pie a utilizar la fórmula de la caducidad.

La promotora presentó un recurso y el Juzgado de lo Contencioso número 2 revocó la decisión municipal, pero el TSXG la vuelve a amparar ahora. Las vías de la empresa para lograr nuevas licencias en Finca do Conde han sido tapadas, ya que el Concello declaró en febrero la suspensión de permisos en todo el ámbito.