La macrodepuradora del Lagares, obra clave para sanear la Ría, sigue bloqueada por el desacuerdo económico entre Concello y Xunta, pero el alcalde, Abel Caballero, ha planteado una fórmula genérica en busca de un acuerdo. El regidor, según confirman varias fuentes, ofreció al conselleiro de Medio Ambiente en una charla durante la visita del ministro de Fomento a Vigo, el pasado día 19, asumir el pago de las fincas que hay que expropiar a cambio de que el departamento autonómico invierta una cantidad equivalente en obras en Vigo. El conselleiro contestó, prosiguen las citadas fuentes, que lo estudiaría. De momento es la carta que está sobre la mesa para tratar de llegar a un pacto que permita firmar el convenio de financiación de 238 millones de euros, el coste total de la infraestructura, y poder licitar así el proyecto y la construcción. Con ello se pondría fin a una paralización de casi un año, primero por las elecciones autonómicas, después por la negociación de una fórmula de pago entre la Xunta y el Ministerio de Medio Ambiente, y ahora por las discrepancias con el Concello.
El borrador del convenio de la depuradora establece que el Gobierno central aportaría 115 millones a través de fondos europeos, el gallego 107,2 y el Concello 18,9. En las obligaciones municipales entran los terrenos a expropiar, estimados en 10,3 millones, y la acometida eléctrica que habrá que construir (5,3), además de la cesión del suelo que ya tiene en la zona, valorado en 3,4. El alcalde reclama que se le aplique a las expropiaciones el porcentaje de ayuda europea, un 45%, y rechaza pagar la acometida eléctrica al mantener que es competencia de la Xunta. La diferencia suma 10 millones que el Concello quiere que aporte el Gobierno gallego. La consellería replica que el reparto de la financiación estaba pactado, y que al Concello le toca pagar los 18,9 millones. Ambas partes, junto con los representantes de Acuanorte, ente que depende del ministerio, celebraron reuniones para buscar una solución, pero sin éxito.
Nueva opción
Ahora ha surgido una nueva opción para tratar de desatascar el conflicto. El Ayuntamiento estaría dispuesto a firmar su aportación si recibe "una cantidad equivalente" en inversiones del departamento autonómico. Además de Medio Ambiente, la consellería abarca las áreas de Territorio y Ordenación, y por tanto las obras e infraestructuras viarias, lo que amplía el abanico de posibles actuaciones. Portavoces autonómicos evitaron ayer comentar la propuesta y señalan al respecto que se produjo "una conversación privada" entre Caballero y Hernández.
Oficialmente, la consellería se remite a la carta que Hernández envió al alcalde, en la que ratifica su compromiso de aportar 107 millones, que ascenderán a 126 con los intereses tras haber refinanciado la Xunta su parte y ampliar el plazo de pago hasta 2024; y de apoyar al alcalde en cualquier proceso negociador que establezca para acogerse a la misma fórmula de diferir el desembolso si carece de recursos para hacerlo en las condiciones pactadas. El departamento también reconoce el papel del alcalde en el acuerdo que logró la Xunta con el ministerio, que dirige la viguesa Elena Espinosa, para que la Administración gallega aplazase su pago.
Caballero manifestó públicamente en las últimas semanas que confiaba en que se llegase a un acuerdo pronto y pudiese firmarse el convenio antes de final de año para licitar con urgencia el proyecto y la obra. Ya no será posible cumplir este calendario.
