Con dos lecturas distintas del mismo documento, y sin signos de acercamiento. El alcalde y la delegada de Zona Franca sacan conclusiones diferentes del informe final del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del Consorcio, un texto que se planteó como determinante para decidir si éste paga la reparación de las instalaciones deportivas de la ETEA, cedidas al Concello pero inhabilitadas para el uso por su mal estado. Para Caballero el texto deja “abiertas las puertas de par en par” para que el ente estatal asuma las obras. Teresa Pisano no opina lo mismo. Señala, reproduciendo varios párrafos, que estas actuaciones “no están vinculadas a la actividad” del organismo, y sólo cabría financiarlas de forma “excepcional”, con un convenio que fijase compensaciones, siempre que se concluya que hay una conexión “parcial” con los fines de Zona Franca. Convocará para el día 30 el comité ejecutivo del organismo, que “analizará” si la actuación tiene encaje entre las que puede promover el Consorcio y, de considerarse posible, fijará las contraprestaciones a cambio.

El pago de la reforma, que puede ascender a dos millones, es fruto de polémica entre Caballero y Pisano desde hace tres meses. El alcalde, que prometió que la cesión de las instalaciones no le costaría ni un euro a la ciudad, defiende que el Consorcio debe asumir el gasto, y ayer mantuvo que el informe del Tribunal es claro y lo permite. “No hay impedimentos jurídicos para que haga frente”, sostiene.

Lo basa en la segunda conclusión del documento, que por un lado desaconseja que Zona Franca pague obras de interés general, pero abre la vía si existe “una vinculación parcial con los fines del Consorcio”. En ese caso podría negociarse un acuerdo que fije también compensaciones. “No hay una resolución taxativa de que no se haga”, alegó Caballero, quien fue más allá y aseguró que “la mitad de las recomendaciones señalan que se puede firmar un convenio”. Las contraprestaciones, en su opinión, ya han sido dadas con el convenio de la Ciudad del Mar, por el que Zona Franca entregó la ETEA a Xunta y Concello, y percibirá a cambio 30 millones, de los que 18,5 son en metálico y los 11,5 restantes liberándola del pago de su parte en la construcción del túnel de Guixar. “¿Alguien duda, además, de que las instalaciones deportivas se deterioraron por la falta de cuidado?”, se preguntó el alcalde.

Pisano, a través de un comunicado, mostró “voluntad de colaboración”, pero apunta que el Tribunal señala que las obras en colaboración con otras entidades son “atípicas”, y agrega, siguiendo el texto, que las actuaciones de interés general “no están contempladas entre los objetivos del Consorcio en sus estatutos, y la financiación y cesión gratuita puede ir en detrimento del desarrollo de sus actividades principales y del cumplimiento de los objetivos”.

El comité ejecutivo tiene la palabra el día 30. Caballero pidió que se convocase para decidir que Zona Franca pague la obra. Pisano mantiene que el órgano debatirá si la reforma del pabellón, la piscina y el campo de fútbol entran dentro de las “excepciones” que cita el Tribunal. Además defiende que debe haber contraprestaciones. “El comité analizará si las obras constituyen una de las mencionadas actuaciones y, si esto fuera así, cuáles deberían ser las compensaciones procedentes”, apostilló.