El encargado de cerrar las jornadas fue Gonzalo Moliner, quien habló sobre los derechos del extranjero en la Doctrina de la_Unificación tras ser presentado por Fernando Lousada Arochena, magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Con claridad y firmeza, pero también con una sonrisa en el rostro, defiende que la legislación española "no tiene parangón en el mundo" pese a que establece "un trato desigual con el inmigrante".

-¿Cuál es, entonces, la situación jurídica de un inmigrante en España?

-Tiene muy diversas índoles. Los europeos están equiparados a los españoles y los que vienen de otros países necesitan papeles. El problema surge con las personas que están sin permiso de residencia ya que no tienen los mismos derechos que los españoles y están en situación de desigualdad. Sin embargo, la ley establece que cuando un trabajador es contratado por un empresario sin cumplir las condiciones tiene todos los derechos, menos el de residir.

-¿Por eso puede ser expulsado?

- según la ley de extranjería, sí. No hay otra forma de entrar de manera legal que no sea con un visado de trabajo y puede conseguir la residencia, pero la Administración no está obligada a dársela. El proceso, si consigue un trabajo, es marcharse a su país y regresar cumpliendo las normas. Aunque también hay excepciones y se puede conseguir la residencia por arraigo, por tener parientes próximos viviendo aquí o si demuestra que su vida corre peligro en su país de procedencia.

-¿Se puede solucionar la llega de ilegales y las pateras?

-Para evitar que mueran en las pateras, lo ideal sería invertir en sus países de origen para que no tengan que salir. En segundo lugar, publicar allí los empleos que hay aquí para que, si vienen, vengan con trabajo y visado.

-¿Cómo saber cuánta gente se necesita?

-El Gobierno publica cada trimestre una relación de profesiones que los españoles no quieren desempeñar, como marinero, pastor de ovejas, conductores de camión e incluso camareros. Si ven una oferta que les interesa, pueden optar a ella y solicitar ese puesto. El empleador pide el permiso de trabajo y puede entrar legalmente con su visado de trabajo.

-Sin visado, no hay nada que hacer.

-Efectivamente. Sólo los que residen habiendo entrado legalmente tienen todos los derechos. Y el motivo es evitar que se quiten puestos de trabajo a los nacionales, aunque esto suponga un problema político. Pero no se minusvalora al inmigrante, sino que se protege al español.

-¿Qué le pareció el proceso de regularización que hizo el Gobierno de Zapatero?

-En aquel momento hacía falta gente y fue buenísmo para ellos, y también para la Seguridad Social y para las empresas porque obtuvieron mano de obra legalizada.

-¿Qué hacer contra los empresarios que contratan a extranjeros de manera ilegal?

-El culpable es el empleador porque el inmigrante sólo se busca la vida. Si se demuestra que tiene inmigrantes ilegales se abre expediente, se imponen multas altísimas, incluso de millones de euros, y se le obliga a pagar la Seguridad Social.