Los nuevos delitos contra la seguridad del tráfico no sólo han dado un buen susto a una infinidad de conductores. La reforma legal también ha tenido otro efecto: que los juzgados estén desbordados. La situación se ha agravado desde el pasado 1 de mayo, cuando a los delitos de conducir ebrio o a velocidad excesiva, ya en vigor desde el pasado año, se unió el de ir al volante de un vehículo sin tener carné. Los juicios rápidos contra estos conductores colapsan a menudo los juzgados de guardia. Y a continuación las salas de lo Penal, que son las encargadas de garantizar el cumplimiento de estas sentencias: en apenas dos meses han recibido más de 150 ejecutorias de estos nuevos delitos, lo que ha obligado a solicitar a la Xunta un refuerzo de funcionarios.

Ya lo advertía el juez decano vigués recientemente. Jaime Bardají demandó la creación de una sala especializada en ejecutorias dada la "avalancha" de sentencias que se esperaban debido a los nuevos delitos de Tráfico. El magistrado hacía estas declaraciones antes de que se pusiese en marcha el último supuesto delictivo: el de conducir sin carné. Durante el primer mes, el de mayo, la Fiscalía ejerció la acusación contra veinte conductores. Ya están a punto de cumplirse los dos meses de la aplicación de este último artículo de la ley y el balance no es nada positivo.

Instrucción

Más de un juez vigués se ha confesado "desbordado". Y es que esta reforma afecta a muchos de ellos. Los primeros son los de los juzgados de guardia. El que hace esta función esta semana, el de Instrucción número 3, vio el lunes dos casos de conductores sin carné, el miércoles tres y ayer, a media mañana, ya había contabilizado uno. Y eso sin contar las alcoholemias, que también suelen ser muy frecuentes. Los juicios rápidos que se celebran en estas salas por conducción sin licencia se suelen resolver por conformidad y el castigo es, en la mayoría de los casos, penas de multa y trabajos en beneficio de la comunidad. "Es tanto lo que llega de Tráfico que los jueces de Instrucción ya parecen guardias civiles, poniendo multas a todas horas", comentan fuentes judiciales.

Después de los magistrados que están de guardia, la pelota pasa a los jueces de lo Penal, ya que son estos juzgados los que tienen que ejecutar las sentencias. Al gran volumen de trabajo que ya tienen (empezaron el año con más de 1.300 sentencias pendientes de ejecutar pese a que durante 2.007 lograron dar cumplimiento a más de 2.400 resoluciones judiciales) se une el que trae consigo estos nuevos delitos, que antes de la reforma eran meras sanciones administrativas. De hecho, se ha solicitado a la Xunta un refuerzo de funcionarios.

Cada uno de los tres juzgados ha recibido desde el 1 de mayo una media de medio centenar de ejecutorias de estos casos contra la seguridad del tráfico. "Y dan más trabajo que la sentencia de un ladrón que tiene que ingresar en prisión: en estos casos hay que formalizar la retirada del carné, garantizar el pago de las multas, poner los trabajos en beneficio de la comunidad...", comentan otras fuentes.

Todo un trabajo extra que parece no haber venido acompañado de los medios necesarios para hacerle frente. El problema, sin embargo, no sólo se da en Vigo. El cambio legal afecta a todo el país y muchos decanos de las principales ciudades españolas han reclamado públicamente refuerzos para afrontar esta situación. En Alicante y Barcelona, por poner sólo dos ejemplos, los conductores que infringen la ley han acentuado el colapso ya existente.