La coordinadora de En Marea pedirá hoy al Consello das Mareas que convoque una consulta a las bases para decidir el futuro de la diputada Paula Quinteiro, a la que la dirección rupturista exige la dimisión por exhibir su credencial de parlamentaria en un altercado con la Policía Local de Santiago cuando agentes de esta forcejeaban con uno de sus acompañantes en relación con una alerta vecinal de vandalismo. Ese recurso pretende dirimir el conflicto entre el máximo órgano del partido que lidera la oposición y el grupo parlamentario, en el que 11 de 14 miembros rechaza la renuncia.

El proceso para que sea la militancia la que tenga la última palabra en el suceso que ha vuelto a exponer las tensiones internas de En Marea fue anunciado el lunes de la semana pasada por el portavoz Luís Villares, que quedó en minoría en la Cámara, pero exigió a Quinteiro un paso atrás en el plazo de siete días. La pregunta también testará, de salir adelante, el estado de las bases. En el plenario fundacional de En Marea participó un millar de personas, por apenas 240 del último cónclave. En la elección de las listas autonómicas lo hicieron 10.143 -incluyendo la militancia de Podemos-, mientras que en las primarias internas solo fueron 1.565.

La coordinadora, en la que están presentes Villares y los sectores con que pactó para alcanzar la Portavocía, se reúne esta tarde en Santiago para activar el citado procedimiento, según fuentes rupturistas. Convocará un Consello das Mareas y le pedirá que celebre la consulta, asunto que debería votarse en este, si bien el sector oficialista cuenta con mayoría. El calendario tanto de la reunión del máximo órgano de En Marea como de la celebración de esa consulta no está fijado.

Esta decisión genera una gran controversia interna. Fuentes de la coordinadora consideran, como esgrimió Villares, que ante un choque entre el Consello y el grupo "en última instancia deben decidir los inscritos", a pesar de que matizan que es el primero el que goza de mayor rango. La mayoría del grupo parlamentario, sin embargo, cree que se vulneran los estatutos de En Marea, al obviar la intervención del Comité de Garantías y no esperar a que se elabore un expediente informativo sobre el caso.

No es la principal divergencia. Los contrarios a la dimisión alegan que el proceso revocatorio de un cargo público de En Marea debe decidirse en un plenario. Sin embargo, el sector oficialista se remite a la posibilidad de que el Consello pueda consultar a las bases en cualquier momento sobre cualquier aspecto político "por su trascendencia e impacto político, social o económico", como contempla su reglamento interno. Esta puede tener carácter vinculante o deliberativo. De ser vinculante y si la consulta exigiese la dimisión de Quinteiro y esta se negase, obligaría a expulsarla al grupo mixto, opción que reeditaría la crisis de AGE la pasada legislatura.

Las complicaciones del caso, detonante de una guerra por ganar terreno en el espacio rupturista, no acaban ahí. Quinteiro milita en Podemos, organización que no participa como tal en En Marea y que considera el modelo de partido instrumental un fracaso. Su líder, Carmen Santos, rechaza la consulta, que, de celebrarse, avivaría su enfrentamiento con Villares. A pesar de participar en En Marea a título individual, siete de los catorce diputados rupturistas forman parte de Podemos.