La huelga indefinida iniciada por el sector judicial gallego el 7 de febrero camina hacia los dos meses sin una solución a la vista, mientras las actuaciones suspendidas en juzgados y registros civiles se cuentan por miles: según estimaciones sindicales, más de 17.000 juicios y de 50.000 trámites han sido aplazados en medio centenar de días de paro.
Con la actividad paralizada en numerosos órganos judiciales de la comunidad, el conflicto que dio pie a este paro se mantiene enquistado y las posturas de las dos partes implicadas -Xunta y comité de huelga- parecen todavía muy lejanas.
De hecho, tras la reunión del pasado lunes en la que se volvieron a romper las negociaciones, los ataques se han endurecido. La Xunta insta a los sindicatos a someter a votación de los trabajadores su oferta y el comité ha advertido que no dará este paso con una propuesta que consideran "indigna e indecente".
En el foco de la polémica, a raíz de quejas de ciudadanos por retrasos en la inscripción de recién nacidos y en la certificación de fallecimientos, está una aclaración de la Xunta de los servicios mínimos, que ha provocado malestar de los sindicatos.
Si no hay acuerdo antes, los sindicatos ya han avanzado que conmemorarán el arranque del paro indefinido el sábado, 7 de abril, fecha en la que se cumplen dos meses, con "una gran manifestación" en Santiago.
