La familia Franco ha decidido sacar a la venta el inmueble poco después de que Xunta y Diputación constituyesen sendas comisiones de investigación para intentar recuperar esta propiedad, que fue adquirida mediante ventas forzadas, descuentos en nóminas de los funcionarios municipales y provinciales y emisión de bonos supuestamente de compra voluntaria, para agasajar a Francisco Franco durante la Guerra Civil.
La noticia de su posible salida a venta ha sido acogida con sorpresa e indignación por la Diputación de A Coruña y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. La vicepresidenta provincial, Goretti Sanmartín, acusa a los Franco de pretender "librarse de un bien conseguido de manera ilícita y que está siendo reclamado social e institucionalmente". Sanmartín sostiene que los trabajos de la Xunta Pro Devolución do Pazo, de la que forman parte una veintena de concellos, colectivos por la memoria y expertos, van "por buen camino" y que presentará en las próximas semanas el informe jurídico que marcará los pasos para que el pazo pase a ser un bien público.
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica insta a la ciudadanía a movilizarse e impida que la familia del dictador "cobre una fortuna para hacer negocio de lo robado al pueblo" y reclama que la "inmediata" devolución del inmueble.
La Xunta no ha confirmado aún si ha sido informada por la familia Franco de su intención de poner a la venta el pazo. La Lei de Patrimonio establece que, al tratarse de un Bien de Interés Cultural, la Consellería de Cultura dispondrá de un plazo de tres meses para ejercer el derecho de tanteo para sí y para otras instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro.
