El conflicto en la justicia . La reunión convocada para hoy para desbloquear el conflicto no solo no ha servido para ese fin, sino que el comité de huelga se ha encerrado en las dependencias de la Dirección Xeral de Xustiza, en la Escola Galega de Administracións Públicas. Amenazan con mantenerse allí hasta retomar las negociaciones con la presencia de la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais, Verónica Martínez, como mediadora.

Los sindicatos que representan a los trabajadores judiciales ya chocaron hace semanas con el vicepresidente de la Xunta, al que acusaron de anular los avances logrados en varias de sus reclamaciones para, entre otras cuestiones, subir sus salarios para equiparlos a sus homólogos de la administración central. El presidente del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, descartó aplicar subidas de entre el 12 y el 16%, como aseguró que le pedían.

Fuentes del comité de huelga alegaron en declaraciones a Europa Press que la Xunta "empeora su propuesta", aplazando cualquier incremento retributivo a enero de 2019. El Ejecutivo ofrece subidas en el complemento autonómico transitorio de 75 euros mensuales para los gestores; 62, para tramitadores; y 55, para auxilios. Esas cifras, añade, permitirían igualar su situación con "la media del resto de territorios".

Los sindicatos la ven insuficiente, pero también consideran "irrenunciable" que cese la "discriminación" que sufren los trabajadores el ámbito judicial que dependen de la administración gallega en lo que respecta a las incapacidades transitorias, entre otras reivindicaciones. Si no hay un acuerdo, amenazan con una huelga indefinida desde el 7 de febrero.

Su último paro se produjo la semana pasada y afectó a mil procedimientos judiciales, pero a finales del año pasado ya se produjeron otras medidas de ese tipo.

"No queremos que después nos acusen de levantarnos, nosotros lo que queremos es seguir negociando y aquí vamos a permanecer", remarcan desde el comité de huelga en declaraciones a Europa Press.

Ante este conflicto, la Xunta decidió suspender los días de asuntos propios y vacaciones del personal de justicia durante febrero, lo que ha sido calificado de represalia por los representantes de los trabajadores.

El comité de huelga de funcionarios de justicia, que incluye a todos los sindicatos (SPJ-USO, AXG-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO) denunció ayer la medida ante el juzgado de guarda de Santiago.