24 de enero de 2018
24.01.2018

Consumo amenaza a empresas con 11,6 millones en multas por abusos a sus clientes

Los expedientes caen un 26% hasta los 1.605, pero las quejas crecen primera vez en cuatro años -Las posibles sanciones se reducen un 44% tras el récord generado por el "dieselgate"

24.01.2018 | 03:35

Cobros excesivos con cargos por conceptos que el cliente ni siquiera sabía que existían, cortes del suministro eléctrico prolongados sin compensación de ningún tipo o insuficiente para cubrir pérdidas como la comida congelada, averías constantes en el automóvil sin que la marca o el concesionario aporten una solución permanente o pongan pegas a aplicar la garantía? Abusos como estos sobre los consumidores amenazan a decenas de empresas con multas que suman un total de 11,6 millones de euros, cantidad que consta en los 1.605 expedientes abiertos por el Instituto Galego do Consumo e da Competencia el año pasado a raíz de quejas ciudadanas.

Recurrir a la administración es una de la vías utilizadas por los clientes para defender sus derechos ante los presuntos abusos de compañías que incumplen sus contratos y no ofrecen el servicio por el que les pagan o les cobran tarifas excesivas. El año pasado, las posibles sanciones a las que se exponen esas compañías se redujeron casi a la mitad respecto a los 20,8 millones de euros de 2016, una cifra récord en la comunidad que la Consellería de Economía, de la de que depende Consumo, vinculó a las denuncias por el "dieselgate", el escándalo mundial por el trucaje de los motores de la marca Volkswagen para sortear las restricciones a las emisiones de partículas contaminantes. Esta cuestión acaparó expedientes por valor de 9,4 millones en multas.

Obviando el extraordinario ejercicio 2016 por esa circunstancia, 2017 supone un incremento de las posibles multas sobre las empresas que cometan abusos, pues sus 11,6 millones son casi el doble de los 6,8 de 2015. Respecto a 2016, no solo se desplomaron las posibles multas, sino también los propios expedientes abiertos, que cayeron un 26,5% hasta los 1.605, cifra inferior también a los 1.980 de 2015.

Sin datos de ingresos

Esas cuantías, sin embargo, no son las finalmente cobradas por la administración, sino las propuestas que incorporan los expedientes sancionadores, a los que sigue un proceso de alegaciones por parte de los investigados para demostrar si han cometido abusos o simplemente han actuado conforme a la legalidad. Desde la Consellería de Economía alegan que cada caso puede dilatarse en función de sus circunstancias e incluso acabar en vía judicial y no ofrecen datos de las sanciones realmente cobradas cada ejercicio. Tampoco está disponible el desglose de las posibles sanciones por sector correspondienes a 2017. Aun así, el año pasado, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cifró en 24 millones de euros el importe de los expedientes abiertos a las eléctricas entre 2009 y 2016.

Esas compañías y las telefónicas, sin embargo, acaparan los primeros puestos tanto en el número de expedientes abiertos por la administración, como de quejas de los usuarios, muchas de las cuales son archivadas por Consumo.

En el primer caso, el sector de la energía eléctrica aglutina el 16,5% de los expedientes sancionadores, seguido de cerca por el 16,2% de la telefonía, si bien habitualmente el primero supera ampliamente al segundo en cuanto a la cuantía de los expedientes sancionadores. El tercer escalón de la clasificación lo ocupan los automóviles, con el 13,4%, por delante del sector electrónico (7,9%) y el transporte (5%), según el balance del Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

Consumo ofrece una vía amistosa a empresas y clientes antes de acabar en el expediente sancionador, ante el que a las primeras siempre les queda la vía judicial como fórmula para frenar una posible sanción. El año pasado, el instituto dependiente de la Consellería de Economía e Industria selló 1.479 laudos arbitrales, tras los que apenas tres de cada diez casos mantienen el conflicto. En el 65,5% de esas mediaciones, el consumidor logra un acuerdo favorable, según el balance del año pasado, porcentaje siete puntos inferior al registrado en 2016. En otro 6,9% "el resultado fue conciliatorio".

La cifra de arbitrajes se desplomó el año pasado, con menos de la mitad de los 3.141 de 2016. Este desplome, sin embargo, no es achacable al efecto del "dieselgate", pues 2017 se sitúa como el período en que menos laudos se firmaron desde 2005, último ejercicio del que dispone datos Consumo.

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