El elevado coste que tienen que afrontar algunas familias para costear el uniforme escolar de sus hijos ha motivado una serie de quejas que han llegado hasta el Consello Galego da Competencia, organismo que se hizo eco de la preocupación de estos padres y publicó ya en 2015 un informe en el que advertía que la obligación de adquirir estas prendas en un único punto de venta encarece su precio, mientras que si se autoriza su distribución a varios comercios las familias pueden obtener descuentos de hasta el 33 por ciento.
Según la Memoria del Consello Galego da Competencia, en 2015 tramitaron ocho expedientes por quejas relacionadas con las restricciones impuestas a los padres para comprar uniformes escolares y en el primer semestre de 2016 les llegaron otras siete denuncias.
Sin embargo, ninguna de estas denuncias llegó a buen puerto. El regulador gallego remitió los expedientes al órgano estatal que analiza la competencia y fueron archivadas, tal y como informó la Consellería de Economía.
Las denuncias solo pueden ser tramitadas por el Consello Galego da Competencia si "los potenciales efectos de la conducta detectada se limitan exclusivamente al ámbito territorial de la comunidad autónoma de Galicia". "En caso contrario, la competencia corresponde en exclusiva a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia", señala la memoria del organismo gallego.
En 2015, cuando la crisis aún golpeaba con fuerza a las economías familiares, el Consello Galego da Competencia explicó que, por ejemplo, un uniforme oficial, con emblema del centro, puede costar 139 euros cuando lo vende el propio colegio, un 183 por ciento más que si se adquiere en otro punto de venta.
