Por primera vez en cinco años, el Gobierno central elevará los fondos que destina a financiar las ayudas a los dependientes. Hasta un 24% más por cada dependiente moderado, casi un 10% más por cada gran dependiente y un 3,4% por cada dependiente severo. Así figura en el proyecto de decreto que tramita el departamento de Dolors Montserrat.
Desde 2014, el Ministerio de Sanidad mantenía congelado "el mínimo de protección garantizado" para cada dependiente. Es decir, el dinero que daba a cada comunidad por cada dependiente que debía ser atendido. Eran 177,86 euros al mes por cada gran dependiente, que ahora pasarán a ser 195,52 euros. Cada dependiente severo contaba al menos con 82,84 euros de origen estatal, que ahora serán 85,71 euros. Las comunidades recibían además por cada dependiente moderado 44,33 euros, partida que se elevará a 55,11 euros.
Por ley, el Estado está obligado a financiar al 50% el sistema de dependencia, y la otra mitad debían ponerla las autonomías. Nunca cumplió. En el caso de Galicia, la Xunta pone el 72% del presupuesto, y el Gobierno central, el 28%. Tanto al Ejecutivo de Zapatero como al de Rajoy, la Xunta siempre se le reclamó más recursos y que cumpliera su parte.
El Gobierno de Rajoy se ha comprometido ahora a que en 2020 cumplirá y la mitad del presupuesto de Dependencia correrá por su cuenta. Como punto de partida, este año eleva los fondos. Serán un total de 1.262 millones de euros, un 5% más que el año pasado. 64 millones más a repartir entre todas las autonomías.
Desde la Xunta ya han adelantado que el incremento de fondos por parte del Estado no supondrá que ellos rebajen su aportación, pues por ley solo están obligados a poner cinco de cada diez euros y ahora facilitan siete de cada diez. Su objetivo es mantener, y si es posible, 'engordar' su aportación para así poder aumentar el número de dependientes atendidos, ahora que el Gobierno abre el grifo.
En este momento, en Galicia 48.949 personas reciben una ayuda por dependencia, pero 66.544 tienen derecho a ella. El Gobierno de Feijóo pretende en 3 años superar los 60.000 atendidos. En la actualidad, casi 17.600 están en lista de espera.
Once años después de aprobar la Ley de Dependencia, el Estado con las comunidades han analizado la puesta en marcha de esta norma, que ha reconocido como dependientes a 1,2 millones de españoles, aunque reciben prestación casi 899.000 y 319.000 aguardan por una ayuda. El coste de sufragar las prestaciones ascendió a 7.986 millones de euros en 2016. Y solo 1.198 millones de euros los aportaba el Gobierno de Rajoy. El grueso corría a cuenta de las arcas autonómicas.
Más ayuda profesional
Estado y comunidades están de acuerdo en revisar el modelo de financiación, pero también en primar los servicios profesionales a los dependientes, más que la concesión de ayudas a los familiares, por el cuidado de sus mayores.
En el arranque de la puesta en marcha de la Ley de Depedencia, las ayudas que más se concedían eran el pago directo a los familiares, pero con la construcción de centros de día e impulso de empresas que prestan ayuda a domicilio o teleasistencia la situación en Galicia ya ha mudado.
Según los últimos datos del mes de julio, los 48.949 dependientes con ayudas se beneficiaban de 55.539 prestaciones, pues un dependiente puede acudir a un centro de día y al mismo ser socio del servicio de teleasistencia. Y la mayoría de estas prestaciones era la ayuda a domicilio (16.749), sin embargo el pago a familiares por la atención a dependientes eran sólo 4.986.
Además 7.519 estaban en una residencia cofinanciada por las autoriddes, 2.973 están inscritos en el programa de teleasistencia, otros 6.941están apuntados a un centro de día y 3.583 acuden a actividades de prevención de la depedencia, entre otras prestaciones.
