El concello ourensano de Vilamartín prevé construir dos parques empresariales, pero tras darle vueltas a las posibles alternativas para su financiación, en abril destinó 25.000 euros a redactar los proyectos sobre una inversión total de casi 250.000, insuficiente para acometer dos infraestructuras previstas en su plan urbanístico. Estas situaciones son las que quiere evitar la Consellería de Economía, que prevé asumir la construcción de polígonos en municipios sin recursos suficientes a cambio de parcelas en los mismos.
Esta medida consta en la proposición de Lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, que el PP ha tramitado por la vía de urgencia y que incluye una panoplia de medidas, entre otros objetivos, para facilitar el acceso al suelo industrial y combatir la fuga de empresas a Portugal, que ofrece terreno a coste cero y mano de obra más barata, según ha expuesto en numerosas ocasiones el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Pero la competencia llega también desde otros países de la UE o de Marruecos, India o Irán, según expuso el PP al presentar la iniciativa legal.
Galicia lanzó hace dos años un plan de rebajas en el precio de las parcelas que luego potenció mediante la opción de ceder únicamente el suelo y que el empresario levantase la nave. Su estrategia no ha funcionado como esperaba, pues entre 2015 y 2016 solo vendió el 24% del suelo rebajado, ingresando 31 millones de euros tras aplicar descuentos por 23,7. El primer año de ese plan las compras se multiplicaron por diez, pero el año pasado cayeron un 55%. Aun así, la política de descuentos también afecta a las cuentas de la sociedad Xestur, que gestiona el terreno industrial autonómico. En su auditoría, se refleja el "riesgo" de vender parcelas por debajo de coste para sus cuentas, pues su deuda asciende a 124 millones de euros.
Stock
A comienzos de año, la Xunta presentaba un stock de 2,1 millones de metros cuadrados de suelo industrial, pero el problema radica en su distribución. Puede haber zonas donde un concello tenga demanda y la Xunta carezca de parcelas cercanas disponibles. Ahí entra de lleno la nueva ley, que en su artículo 13 permitirá que el Instituto Galego da Vivenda e Solo y la Xestur firmen convenios con concellos "que no dispongan de los medios necesarios para el desarrollo de áreas empresariales de iniciativa municipal". A cambio, cobrará en especie.
No es la única medida vinculada al suelo industrial de la ley, que pretende facilitar la instalación o ampliación de industrias de gran tamaño. Para ello, mejorará la financiación de parcelas para lo que considera "proyectos industriales estratégicos y singulares". Los primeros se refieren a inversiones de más de 20 millones de euros, que creen o mantengan al menos cien empleos o impliquen una "especial necesidad de suelo que no pueda ser atendida con la oferta existente"; los segundos, a aquellos "vinculados a un sector de actividad de especial relevancia o interés" económico en su ámbito territorial.
En esos casos, el periodo de carencia para pagar el suelo industrial pasará de un año a tres y de cuatro a cinco los ejercicios exentos de intereses, según consta en un proyecto legal que Xunta y PP prevén que sea aprobado en octubre y dotar sus medidas con fondos en las cuentas de 2018.
Además, la ley incluye otro tipo de medidas como permitir la urbanización parcial de parques industriales o la concesión de subvenciones a los municipios que rebajen hasta un 95% sus impuestos a las empresas que se instalen por primera vez en su territorio mediante el proyecto Concellos Doing Business. La Xunta emulará esa senda y prevé reducir los tributos aplicados a determinadas empresas que cumplan requisitos de creación de empleo e inversión.
