Una bolsa autonómica de interinos ofrecerá a los concellos la posibilidad de contratar personal para cubrir los puestos clave para su gestión económica y asesoramiento legal, cuyas plazas deben ser cubiertas por oposiciones convocadas por el Ministerio de Hacienda. La obligación de contar con secretarios, interventores y tesoreros con habilitación estatal en municipios de menos de 20.000 habitantes dejó a los más pequeños sin la opción de que los ediles de turno asumiesen esas funciones, lastrando e incluso paralizando su gestión económica. La Xunta pretende lanzarles un salvavidas temporal.
En enero entró en vigor un aspecto de la Ley de Racionalización de la Administración Local impulsada por el Ministerio de Hacienda que obliga a que en todos los municipios un funcionario con habilitación estatal asuma la secretaría municipal y el asesoramiento legal, por un lado, y el "control económico y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como la contabilidad, tesorería y recaudación", por otro. La primera función es competencia de un funcionario con categoría de secretario; la segunda, de un interventor-tesorero. Y la plaza de secretario-interventor puede cubrir ambas parcelas. La mayoría de concellos gallegos con más de 5.000 vecinos ya se ajustaban a ese criterio, pero no así los que se encuentran por debajo, que suman 202 de los 313 existentes en la actualidad.
Desde el año pasado, la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) reclamó una solución ante los problemas que generaría a los consistorios ajustarse a esos requisitos y denunció que alguno padecería una "parálisis total", según el presidente de los alcaldes, Alfredo García. Xunta y Parlamento también solicitaron a Hacienda soluciones como descentralizar las oposiciones.
En la actualidad, existen 33 vacantes en concellos y diputaciones sin cubrir por un habilitado estatal, a los que se suman 40 en que se registran acumulaciones de funciones, con un funcionario llevando tareas en dos municipios, según el registro de la Xunta. En el primer grupo están Santiago, Lugo, Ourense y las diputaciones de Pontevedra y A Coruña.
El departamento de Cristóbal Montoro habilitó una solución temporal hasta cubrir las plazas. En los municipios de entre 5.000 y 20.000 vecinos podría ejercer de tesorero el funcionario local que hubiese desempeñado hasta ahora esa función y en los de menos población, podría asumirlo otro funcionario con habilitación nacional.
El problema es que las jubilaciones y la falta de oposiciones para esos puestos impiden en muchos casos acudir a esa vía de rescate. Existe otro camino que es el que ahora facilitará la Xunta: contratar interinos.
Un concello puede convocar unas pruebas para que un trabajador de formación equivalente cubra la plaza de secretario, tesorero o interventor de forma temporal, pero en los de pequeño tamaño resulta un quebradero de cabeza por falta de medios para asumir el proceso. Ahí entra el Ejecutivo autonómico.
La Dirección Xeral de Administración Local, dependiente de la Vicepresidencia, creará tres listas de aspirantes a un puesto interno municipal en las categorías de secretario-interventor, secretario e interventor-tesorería. Asumirá la realización de las pruebas y la evaluación de que los aspirantes cumplan los requisitos para el puesto. Luego, ofrecerá a los ayuntamientos recurrir a esa bolsa y así contratar personal necesario hasta que se cubra la plaza, al tiempo que "se les evitarán los costes y desventajas que suponen la realización de multitud de pruebas selectivas", según consta en el borrador de la orden que regulará esta medida y que previsiblemente recibirá luz verde antes de fin de año. Además, así establecerá unos criterios homogéneos frente a los que fije cada municipio.
Vicepresidencia alega la "demanda de siempre" de los concellos para impulsar su medida. "En la actualidad se están produciendo un incremento del número de plazas vacantes en puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que se ve incrementada con la necesidad de creación de nuevos puestos de tesoreros, con los consiguientes prejuicios para los concellos, que pueden ver disminuida su capacidad de gestión", justifica.
