Incumplimiento de los plazos de pago o ausencia de contratos. Son los principales motivos por los que la industria alimentaria o los distribuidores se enfrentan a multas de entre 3.000 y un millón de euros. Desde que se creó en 2014 la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, las sanciones interpuestas en España alcanzan ya las 686. Galicia lidera el ranking nacional con 149 multas -el 21,7% del total-, según el balance del organismo supervisor de la Ley de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. El importe de las sanciones hasta el pasado 30 de junio supera los 8,2 millones de euros, lo que supone una media de 12.000 euros.
La mayoría de las multas que tramitó en los últimos tres años y medio la AICA se deben al incumplimiento de los plazos de pago (41%) y a la falta de contratos entre las partes (19%). La industria alimentaria protagoniza el mayor número de expedientes sancionadores abiertos con 313 en el conjunto del país (45,6%). La industria láctea copa la mayoría, casi 200, lo que supone casi el 30% de todas las detectadas por el organismo dependiente de Agricultura. Dentro del sector lácteo, también figuran siete productores sancionados.
Otro de los focos de sanciones es la distribución minorista, que incluye a los supermercados, con 240 multas; y también la distribución mayorista, en especial la de frutas y hortalizas (126). En la lista aparecen siete empresas reincidentes, tres de las cuales acumulan más de dos sanciones leves, por lo que la siguiente ya tendría carácter grave; otras dos suman más de dos expedientes graves; y otra compañía acumula más de dos leves y más de dos graves.
De las casi 700 multas interpuestas desde 2014, Galicia se sitúa a la cabeza, con 149, seguida de Madrid (135), País Vasco (102), Andalucía (55) y Extremadura (51). Canarias es el único territorio que no registró sanción alguna; mientras que Baleares contabiliza dos; Aragón y Castilla-La Mancha, tres cada una y Navarra, cuatro.
Solo entre enero y junio de este año, la AICA realizó en España casi 1.700 inspecciones de oficio, casi la mitad de todas las realizadas desde que empezó a operar el organismo (3.485). En Galicia, los técnicos del Ministerio de Agricultura realizaron desde 2014 459 controles (el 13% del total), un dato que la coloca como la segunda autonomía sometida a un mayor control. Por sectores, el lácteo concentra el mayor número de controles en la comunidad (308, casi el 70% del total), seguido con un número mucho más bajo el cárnico (77), el de frutas y hortalizas (31) o el vitivinícola (29).
Andalucía es la comunidad con el mayor número de inspecciones (847). Y en el otro extremo de la tabla se encuentran Baleares (8 controles de oficio), País Vasco (27), La Rioja (31) y Navarra (43).
Desde la creación de la AICA, el organismo dependiente de Agricultura recibió 189 denuncias, 88 de ellas procedentes del sector lácteo (casi el 50% del total), seguidas del sector de frutas y hortalizas (38) y del sector oleícola. Tras la comprobación de la documentación aportada, el organismo supervisor del cumplimiento de la cadena alimentaria da traslado de la correspondiente denuncia a las comunidades autónomas, competentes para sancionar estas materias. Hasta el mes pasado, la Agencia de Control Alimentario había realizado casi 450 comunicaciones para que las Consejerías de Comercio en cada comunidad procediesen a su investigación y sanción si procediese.
Por ventas a pérdidas, las denuncias que llegaron a las oficinas de la AICA desde 2014 fueron 58, de las que la mayoría afectan a varias comunidades.
