Limpieza de cunetas, labores de jardinería, asistencia a lesionados en accidentes de tráfico o actividades de formación en bibliotecas. Son algunas de las condenas impuestas como pena alternativa al ingreso en prisión por un periodo que puede ser de poco más de 30 días a más de 350 jornadas. Se trata de una especie de segunda oportunidad para el condenado. En España el año pasado se dictaron casi 83.000 condenas que eludían la prisión mediante esta vía, de las que 5.620 fueron emitidas en Galicia.
En el Estado, este tipo de condenas experimentaron un ligero repunte respecto al ejercicio anterior: un 1,1%. Por el contrario, en Galicia se produjo un descenso del 4,4%, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Estas penas comenzaron a aplicarse en 2004 como alternativa al pago de una multa y el ingreso en la cárcel. Pese a que jueces y fiscales evitaron su uso por las escasas plazas en ayuntamientos, ONG y centros penitenciarios para llevar a cabo esos trabajos, las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) se dispararon en 2007 tras la reforma penal en materia de tráfico. Y es que la mayoría de los condenados a penas alternativas son por delitos en carretera: un 76% en España y un 61% en Galicia.
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La reforma penal de hace diez años se traducía para el conductor que cometía un delito al volante se enfrentaba a una multa que llevaba aparejada una condena a actividades sociales. Pero con la última reforma del Código Penal de 2010, se impuso una pena única: prisión, multa o trabajo comunitario. Aunque se preveía que en adelante esa última vía cayese en picado, las cifras se mantuvieron en los mismos niveles que antes de ese cambio.
De las más de 5.600 penas alternativas dictadas el año pasado en Galicia, 3.322 fueron a trabajos comunitarios, casi el 60% de este tipo. De ellas, casi el 80% se concentran en A Coruña (1.421) y Pontevedra (1.137). En Lugo se dictaron 282 y en Ourense, 482. En cuanto a la tipología, 2.036 condenas de debieron a delitos contra seguridad vial (61%); 816, a violencia de género (24,5%); 244, a faltas y lesiones; 143, a delitos contra el patrimonio; y las 93 restantes, a otros delitos. Otras 1.435 condenas fueron resultado de sustituir una pena de prisión por una TBC. Y otras 330 derivaron en la suspensión de otra condena a cambio de esas actividades.
Más numerosas, con 520, fueron las suspensiones de condena por una multa u otros requisitos, como las comparecencias en sede judicial. También puede eludirse la cárcel participando en programas, de formación o rehabilitación. El año pasado se produjeron 12 casos en Galicia, casi todos por delitos de violencia de género.
En España, las condenas a TBC cayeron un 2,4% hasta las 50.268. En Galicia, un 2,6%.
