El Gobierno gallego no comparte ninguna de las objeciones expresadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y avanza que solicitará la desestimación completa de su requerimiento. Por tanto, sigue adelante con su calendario y el decreto entrará en vigor a partir del día 10 de mayo. Estas posturas abocan, por tanto, a que el litigio se acabe en los tribunales.
"Con esta regulación no se restringe en ningún momento la competencia, sino que se ordena una iniciativa que comenzó a proliferar en los últimos años favorecida por el desarrollo de las nuevas tecnologías", se defiende la Xunta.
Añade que el decreto, además, trata de resolver problemas asociados a esta actividad, como regularizar su fiscalidad y tributación, garantizar la seguridad de las personas y la calidad de la oferta, reducir las molestias causadas a los residentes y combatir el intrusismo profesional.
Sobre los requisitos exigidos, la Xunta precisa que el alquiler no queda prohibido las viviendas que no los cumplan, sino que no podrán publicitarse como turísticas, de forma que quedarán sometidas a la Ley de Arrendamientos urbanos o cualquier otra norma que le resulte aplicable.
El Gobierno gallego defiende las restricciones que puedan imponer los concellos por motivos de "orden público" y para garantizar el ejercicio equilibrado y pacífico entre la actividad turística y el uso residencial.
En cuanto al régimen de acceso a la actividad, criticado por Competencia por excesivo, la Xunta responde que el procedimiento establece una declaración responsable tal como recomienda la UE y que el alquiler de viviendas individuales solo está permitido en establecimientos hoteleros y pensiones, pero no cuando se ceden viviendas o apartamentos.
"Los representantes del sector turístico manifestaron en numerosas ocasiones la necesidad de regular este tipo de alojamiento debido a su fuerte impacto y a la competencia desleal que supone frente al alojamiento turístico reglado", se defiende la Xunta.
En cuanto a los apartamentos gestionados por empresas, la Administración autonómica asegura que simplemente se ha desarrollado, sin introducir cambios relevantes, una ley del año 2011. "No hay ninguna restricción al acceso a la actividad económica", asegura la Xunta.
