Intenten hacerse una idea de la dimensión de la economía española. De la suma de lo que consumimos y la inversión. O de los bienes y servicios que las empresas sacan al mercado. Pues ese es prácticamente el tamaño de la deuda de las administraciones, unos de 1,107 billones de euros al cierre de 2016. El importe marca otro récord después de los máximos registrados ya desde el inicio de la crisis, aunque en comparación con el Producto Interior Bruto (PIB), el endeudamiento baja cuatro décimas, hasta el 99,4%, porque la actividad creció más que las emisiones y los préstamos. Así que, por un lado, el país cumplió con lo previsto, con el nivel de deuda que se había marcado; pero, por otro, se salta la obligación recogida en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de que cuando la economía y el empleo avanzan por encima del 2%, la deuda tiene que bajar también, al menos, en ese porcentaje. El borrador de los Presupuestos Generales del Estado para este 2017 inciden en el mismo desequilibrio: la economía y los puestos de trabajo aumentarán un 2,5%, mientras que el endeudamiento descenderá solo un 0,4%. De ahí que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estime que la deuda pública estará lejos de alcanzar el 60% del PIB en 2020. Tampoco Galicia, donde la devolución de la deuda, incluida la parte que le toca de la estatal, se llevaría el trabajo de todo un año de cada habitante.
La deuda pública de la Xunta alcanzó el pasado ejercicio los 10.854 millones de euros, según los datos provisionales del Banco de España. El equivalente al 18,7% del PIB regional. La AIReF, el organismo que la Comisión Europea impuso a las autoridades españolas para vigilar la evolución de las cuentas públicas como condición al rescate de 60.000 millones de euros destinado a las ayudas a la banca, contempla que en este año se sitúe en el 18,4%; el 17,8% en 2018; el 17,1% en 2019; y el 16,2% en 2020.
La tendencia coincide con los planes del Gobierno autonómico, que asegura que el pasivo mermará a partir de ahora. Galicia, sin embargo, no dejará su deuda en el 13% del PIB en 2020, como marca la ley de Estabilidad Presupuestaria. Se acercará, según los cálculos de la AIReF, en 2023, cuando suponga el 13,2% del PIB; y bajará de ahí al año siguiente, en 2024 (12,3%). El abono de intereses tocó techo en 2014, cuando representó el 0,7% del PIB. Ahora se mueve alrededor del 0,3% y los pronósticos indican que se mantendrá estable.
El peso de la deuda del conjunto de las comunidades en el PIB se multiplicó por 4,4 entre 2007 y 2016. La de Galicia es 2,8 veces mayor. La diferencia se nota también en el reparto de la carga financiera entre la población y los días de trabajo -medidos como generación de actividad- que serían necesarios para finiquitarla. Un total de 67. Únicamente hay cuatro regiones en las que habría que destinar menos tiempo: Navarra (63 días), Canarias (57), País Vasco (52) y Madrid (51).
A esto se añade la parte que recae en cada territorio de la deuda de la administración central. Son otros 301 días en Galicia, por lo que el total en la comunidad subiría a los 368 días. En una posición intermedia entre las autonomías. A la cabeza aparecen Extremadura (484 días), Castilla-La Mancha (482), Comunidad Valenciana (454), Andalucía (448) y Murcia (443). En una posición más cómoda figuran Navarra (280 días), País Vasco (256) y Madrid (249).
Estas tres últimas regiones son, en opinión de la AIReF, las que mejor posicionadas están para cumplir con el límite de deuda de 2020. La "constatación de la no factibilidad" de cumplir con la normativa "llama a una revisión de la misma, de modo que prevea sendas exigentes, pero realistas", apela el organismo supervisor. Solo se adaptarán los concellos y diputaciones.
