El Gobierno gallego y el Consello da Avogacía Galega renovaron ayer el convenio por el que las personas en riesgo de perder su vivienda pueden recibir asesoramiento jurídico o conseguir una mediación extrajudicial gratuita. Este acuerdo, dotado con una financiación de 50.000 euros y una vigencia de un año, costea la asistencia letrada de 164 profesionales.
