Los registros civiles llevaban unos años en la cuerda floja. Sobre todo por la reforma del que fuera ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que pretendía transferir el servicio a los registradores mercantiles y de la propiedad, lo que suponía cobrar por realizar inscripciones de nacimientos, defunciones o matrimonios, trámites que ahora son gratuitos. Sin embargo, esa propuesta la frenó el propio Gobierno de Rajoy, pero quedaba pendiente de aplicar la ley de 2011 que pretendía reducir el número de registros civiles, a uno por provincia con la opción de que cada comunidad pudiera ampliar otro más por cada 500.000 habitantes.
Esta norma iba a entrar en vigor en julio de este año, pero el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presentado a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial del pasado mes de febrero una nueva modificación que trastoca el modelo recogido en la ley de 2011, de forma que, si la comunidad autónoma quiere, pueden continuar los mismos registros civiles que funcionan en la actualidad.
En este nuevo escenario y si la reforma sale adelante tal como la ha planteado Catalá, la Xunta, según informó la Consellería de Presidencia, los conservará todos, los dos registros exclusivos y los 43 principales restantes que hay en los partidos judiciales. Por tanto, no se suprimirá ninguno.
Con la modificación que ahora está en trámite, lo que cambiará es la figura encargada de los registros civiles, que dejarán de ser los respectivos jueces para ocupar esa responsabilidad los secretarios judiciales. Estos órganos continuarán dependiendo de Justicia y los trámites seguirán siendo gratuitos.
Además de los 45 registros principales que hay en Galicia, luego están los juzgados de paz de cada ayuntamiento que también hacen el mismo servicio. Su funcionamiento depende de los concellos y estos continuarán prestando sus servicios siempre que los gobiernos municipales quieran.
