La Xunta invertirá 47,7 millones de euros en la construcción de una residencia para mayores en cada una de las siete ciudades gallegas. En total, habilitará 900 plazas nuevas para una suma de casi 988.000 habitantes, conforme el último padrón municipal. La previsión pasa por concluir los trabajos en el año 2020, fin de la legislatura, y crear medio millar de empleos, según expuso ayer el presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo tras la reunión semanal de su Ejecutivo.
Vigo y A Coruña serán las urbes que mayor número de plazas tendrán con 150 en cada caso, mientras que en el resto las instalaciones ofrecerán 120 por ciudad. El concello olívico cuenta con las mayores opciones de ser el primero en que se inicien las obras para estas infraestructuras sociales debido a que los terrenos en que están previstas pertenecen a la Xunta: se trata de la ETEA en el barrio de Teis. En la actual localización del cuartel de marinería Méndez Núñez la construcción tiene un presupuesto de 7,9 millones de euros para crear 90 empleos.
En Pontevedra, el emplazamiento elegido es el antiguo hospital provincial, donde el plan de transformación tendrá un coste estimado de 6,4 millones. Se crearán 75 empleos.
El resto de presupuestos varía entre horquillas similares, con los 8 millones en A Coruña, los 6,7 en Ferrol, los 6,4 en Santiago; los 6,1 en Lugo y los 5,9 de Ourense.
Según la Xunta, las siete residencias permitirían "cubrir cerca del 95% de la demanda de plazas" existentes en las ciudades y sus áreas de influencia.
Cursos de formación
El Consello celebrado ayer también aprobó un impulso a los cursos de formación para desempleados, partida que recibirá 48 millones de euros para la convocatoria de este año y del siguiente. La previsión oficial pasa por la realización de 750 cursos que beneficiarán a 11.250 personas.
Entre las novedades para esta nueva convocatoria, Feijóo destacó el aumento de la duración de cada curso, que pasará de seis meses a un año. Además, remarcó que se primarán a los menores de 30 años, mujeres y parados de larga duración como principales castigados por el desempleo.
La partida de 48 millones incluye casi siete destinados a las ayudas al transporte, conciliación y manutención de quienes asistan a la formación. La inserción laboral de quienes la cursan se situó el año pasado en el 56%, según el Ejecutivo.
