Las medidas que impulsó la Xunta en la Ley de acompañamiento a los presupuestos de 2015 para obligar a las empresas eléctricas a cobrar en función del consumo real quedan definitivamente fuera de juego. Eran, según el Estado, un claro choque con sus competencias y por eso se abrió un conflicto entre ambas administraciones que acabó en el Constitucional. El alto tribunal aceptó la queja y a finales de octubre pasado dejó los artículos en suspenso hasta el veredicto que ayer se conoció y que las tacha de "inconstitucionales y nulas".
El Gobierno gallego blindaba a los usuarios de pagar cualquier cantidad en concepto de alquiler o compra por los contadores inteligentes "hasta que el equipo esté efectivamente integrado en el correspondiente sistema y plenamente operativo", con la obligación, además, de revisar los recibos y "devolver las cantidades indebidamente cobradas" en caso de que se hubiera pasado la factura e informar a la administración autonómica. También quedaba vetada la posibilidad de que las compañías distribuidoras se conformasen con lecturas estimadas si el contador no proporciona los datos de demanda real, "salvo acuerdo expreso del consumidor".
La tercera de las decisiones impugnadas prohibía el cobro a derechos de extensión a las empresas que comprasen suelo urbanizado en polígonos industriales por la potencia sufragada de antemano por el promotor del recinto para así, según la explicación que la Xunta dio en su momento, "fijar un mínimo que garantice las necesidades de los promotores". Las medidas iban acompañadas de la amenaza de sanciones de carácter leve o grave.
El Gobierno central, sin embargo, sostiene que los artículos infringen la regulación de carácter estatal y que tanto la ley del sector eléctrico de 2013 como las posteriores entran en sus competencias. Algo que no ocurre, mantenía, con las adoptadas en Galicia. También lo cree el Tribunal Constitucional, la existencia de una "vulneración parcial" porque representan "un trato discriminatorio" para las compañías del sector en la comunidad frente al resto de regiones.
No es la primera vez que Xunta y Ejecutivo central se ven las caras en el Constitucional por la normativa ligada al sistema eléctrico. El tribunal le dio la razón a Galicia por un recurso interpuesto en 2008 por el bipartito en la intento del Estado de reservar para sí las autorizaciones de transporte y distribución de electricidad. La respuesta fue la contraria en el recurso del Ejecutivo autonómico ya con Feijóo contra el primer freno de las primas a las renovables cuando Zapatero estaba en Moncloa.
