29 de diciembre de 2016
29.12.2016

Louzán asegura que sufre "una persecución sin base" ante la apertura de juicio oral por supuesto cohecho

El expresidente de la Diputación de Pontevedra defiende la "legalidad" de todas las actuaciones y está convencido de que será absuelto

29.12.2016 | 15:19
Louzán, en la rueda de prensa que ofreció esta mañana en Santiago. // Xoán Álvarez

Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial y presidente de la Federación Galega de Fútbol, ha insistido esta mañana en Santiago en su inocencia ante el supuesto delito de cohecho por el alquiler de unos bajos comerciales en Vigo, en la zona de Navia, que ha motivado que el juzgado número 2 de Cambados haya acordado la apertura de juicio oral al ex alto cargo popular, pero también a su esposa y el exdiputado provincial del PP y edil en Pazos de Borbén Severino Reguera, a quien le arrendó los locales. Louzán anuncia que reiterará la "solicitud de archivo" del caso.

El presidente de la Federación Galega de Fútbol asegura que se trata de "una persecución sin base" y "que no se sujeta documentalmente". "No se sostiene bajo ningún concepto", subraya. También recalcó que se trata de un asunto de carácter privado y que "no hay nada" en relación a su gestión pública. "La pregunta que me hago es: '¿Queremos justicia o queremos ajusticiar por parte del Ministerio Fiscal, en este caso, a alguien llamado Rafael Louzán?", enfatizó. 

Asimismo está convencido de que habrá un "fallo absolutorio" dada la "legalidad de todas las actuaciones del procedimiento" y se declara "absolutamente tranquilo". "Si hay verdadera Justicia", apostilla.

En el escrito de calificación, la Fiscalía expone que los hechos de los que le acusa tienen su origen en 2008, cuando Louzán y María Teresa C.F. reservaron cinco locales en la calle Teixugueiras en Vigo, de los que compraron tres por 460.122,5 euros y cedieron la compra de los otros dos a Reguera y su esposa.

Tras la compra, María Teresa C.F. firmó un contrato con la empresa Bruno Pan, de la que es administrador Reguera, para alquilarle sus tres locales. El contrato se firmó en 2008 por diez años prorrogables y un precio de 3.584 euros y, según los datos de la Fiscalía, excepto en 2008, lo percibido por el arrendamiento superó la amortización de las cuotas hipotecarias.

El fiscal aprecia un delito de cohecho cometido por el entonces presidente provincial y su esposa al alquilar los locales al grupo Bruno Pan S.L. del diputado provincial a un "precio superior" a la media de los alquileres de la misma zona, según sostiene en el escrito de acusación.

Louzán ya había insistido, en una de sus declaraciones ante el juzgado del caso, que el proceso de alquiler había sido "totalmente transparente".

Louzán incidió en su primera declaración ante el juzgado número 2 de Cambados que "bajo ningún concepto" ninguno de los tres investigados en esta causa se "beneficiaron de nada" e insistió en que no existen tales sobreprecios y que "nadie se llevó nada".

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