Los rectores solicitan al Ministerio de Educación analizar "conjuntamente" los criterios del sistema reformado de acreditación del profesorado, evaluar su impacto y arbitrar, si se ve oportuno, medidas para compensar "cualquier posible efecto negativo por el cambio de normativa". Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF consideran que constituyen una exigencia "desmedida, irrealista e injusta", tanto para el acceso a plazas estables de funcionario docente como para la promoción de los actuales profesores.