Hacienda puso bajo la lupa la pasada legislatura a los ayuntamientos con el objetivo de reducir costes en la administración y evitar duplicidades en la gestión de servicios. Con la reforma local que entró en vigor en enero de 2014, el departamento que dirige Cristóbal Montoro trató de apretar al máximo el cinturón de los municipios pese a ser una de las administraciones más cumplidoras en objetivos de déficit, deuda y techo de gasto. Esta modificación, según estimaciones del Gobierno central, lograría en el período 2013-2016 un ahorro cercano a los 8.000 millones. Finalmente se quedó fuera de la reforma el refuerzo del papel de las diputaciones, a las que Hacienda se proponía otorgar competencias de los municipios más pequeños, su presupuesto y sus medios materiales y humanos. Pero ahora, el Ejecutivo central pone en el punto de mira a las corporaciones provinciales, entidades que desde el inicio de la crisis aumentaron su deuda más de un 30%. El departamento de Montoro idea un nuevo plan de impulso y transformación de la Administración pública 2017-2019 con recortes en las plantillas de asesores y personal eventual de las diputaciones (no de funcionarios), según avanza "El Confidencial Digital".
Aunque hasta el momento no se ha concretado dónde se aplicará el mayor tijeretazo, el equipo dirigido por Cristóbal Montoro apuesta por suprimir contrataciones a dedo de las corporaciones provinciales. Con la revisión de los contratos de asesores y personal eventual en las corporaciones provinciales, el Gobierno central espera ahorrar más de 700 millones en gastos.
En la actualidad, los técnicos de Hacienda que están elaborando el borrador de la reforma revisan la situación de casi 3.000 asesores del ámbito local en el conjunto del país para decidir sobre su continuidad o no en los cargos que ocupan en diputaciones de toda España.
A partir de ahora, según apunta "El Confidencial Digital", se pretende dar más carrera profesional a los funcionarios que ya forma parte de la Administración, de manera que se tendrán que ocupar de las funciones que hasta ahora desempeñan los asesores.
También se prevé seguir de manera obligatoria una serie de criterios para la elección del personal eventual, de manera que haya que justificar cada contratación de cargos de confianza. Si no se encuentra el perfil requerido para ocupar un puesto en administración, se podrá recurrir a alguien fuera, pero se tendrá que justificar una experiencia y cualificación de este personal ajeno al sector público.
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, califica de "gesto populista" la reforma planteada por Hacienda sobre los recortes de asesores y personal de confianza en las corporaciones provinciales. Asegura estar de acuerdo con la necesidad de "regularizar" la situación de los contratos en las administración, aunque advierte de que "no se puede hacer de cualquier manera, porque eso acaba repercutiendo en la ciudadanía", máxime en un momento en que el Gobierno no permite reponer las plazas de funcionarios que quedan vacantes tras jubilaciones o bajas. Tras destacar que en los últimos años se ha reducido en al menos un 50% el número de asesores con los que cuenta la corporación provincial, el también alcalde de As Pontes defiende que más del 90% de asesores y personal eventual de la Diputación de A Coruña realiza una gestión puramente administrativa en el día a día.
