El anteproyecto que en abril de 2015 diseñó los nuevos mecanismos para la apertura de negocios marcaba inicialmente un plazo de seis meses para que los concellos se adaptaran con la aprobación de su propia ordenanza. La normativa definitiva fija al final un total de nueve meses. La misma ampliación, tres meses más -hasta un total de seis-, en el caso de la preparación en los municipios para planificar los supuestos en los que es necesaria la comunicación previa, los procedimientos para hacerla y los de verificación posterior del cumplimiento. Fue, según la Consellería de Economía, Emprego e Industria, una solicitud de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) durante la fase de información pública del decreto. Mientras, el reglamento incluye unas normas subsidiarias con las que podrán funcionar los concellos.
