El Estado impugnó 45 leyes de Galicia, la tercera mayor cifra de todas las autonomías

La conflictividad entre Gobierno y comunidades fue casi nula durante el primer semestre, con solo dos recursos frente a los más de 40 presentados en los últimos cuatro años

31.10.2016 | 02:05

Desde la creación del Estado de las Autonomías en 1980 siempre ha habido enfrentamientos entre el Gobierno central y las comunidades. Son discrepancias, naturales en democracia, entre ambas administraciones cuando una parte entiende que las normas de la otra invaden sus competencias o incumplen la legislación. Si no se logra un acuerdo previo, que siempre se intenta, el asunto acaba en el Tribunal Constitucional.

En los últimos 36 años, el Estado ha presentado 563 recursos a leyes de las comunidades. De ellas, 45 las ha recibido Galicia. El 8% del total. Es la tercera comunidad que más conflictividad ha tenido con los diferentes ejecutivos centrales. Solo la superan Cataluña, con 157, y País Vasco, con 94. Estos tres territorios suman más de la mitad del total (52%). Solo en la última legislatura de Mariano Rajoy Cataluña recibió 23 impugnaciones a sus normas.

Pero no solo el Estado reclama a las comunidades. Estas también lo hacen. Desde 1980, las autonomías han presentado 1.104 recursos (casi el doble que los gobiernos centrales) contra las leyes de los diferentes ejecutivos nacionales. Lideran la clasificación Cataluña, con 406; País Vasco, con 188; Andalucía, con 92, y Galicia, con 84. Entre las cuatro suman el 70%.

Las impugnaciones entre las administraciones se dividen en conflictos y recursos de inconstitucionalidad. Los primeros están reservados para normas que no tienen rango de ley. Desde 1980, entre la comunidad gallega y el Estado se presentaron 77 conflictos. La mayoría, 53, fueron promovidos por la primera, y el resto, 24, por el segundo. Los recursos, cuando lo que se impugna es una ley, ascendieron a 52. De nuevo fue la Administración autonómica la que presentó la mayoría: 31 frente a 21.

Los 129 conflictos y recursos que se han cruzado el Gobierno gallego y el estatal en las últimas tres décadas han tenido un comportamiento dispar. Solo 26 terminaron desestimados. En muchos casos, gracias a los acuerdos a los que se suelen llegar en las comisiones bilaterales que se ponen en marcha para negociar esas impugnaciones y encontrar un acuerdo. Las comunidades y el Estado cuentan con comisiones bilaterales de cooperación en las que intentan dirimir las diferencias sobre sus normas. Hay otros cauces que ofrece la ley para evitar acabar en los tribunales, que no siempre funcionan.

La gran mayoría de los 129 conflictos y recursos, 100, ya han sido sentenciados por el Tribunal Constitucional. Hasta el pasado mes de junio solo quedaban tres pendientes de sentencia.

En los últimos cuatro años, las impugnaciones que se han cruzado el Estado y las 17 comunidades siempre habían superado las 40. En los primeros seis meses de 2016 solo se han producido dos debido a la parálisis que vive la política a nivel nacional.

Los años más conflictivos entre comunidades y gobiernos centrales fueron en la década de 1980. Estrenado el Estado autonómico y el primer reparto de competencias, entre 1982 y 1986, primera legislatura de Felipe González, ambas partes se plantearon 382 impugnaciones: el Estado, 134 y las comunidades, 248. El enfrentamiento se suavizó en el segundo gobierno socialista y se rebajaron los conflictos a 284, cifra que se redujo hasta quedarse en 48 entre 1993 y 1996.

Con José María Aznar en el Gobierno, las impugnaciones volvieron a subir a 141 en la primera legislatura y a 217 en la segunda, casi las mismas que en el periodo de Mariano Rajoy. De nuevo con el PSOE en el poder se rebajaron los conflictos: 76 en el primer gobierno de Zapatero y 105 en el segundo.

El enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades durante los cuatro años del Ejecutivo de Mariano Rajoy se duplicó con respecto a la legislatura anterior, ya que mutuamente se presentaron 213 impugnaciones contra distintas normas o actos frente a las 105 de cuatro años antes, durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La cifra aún es mayor, el triple, si se compara con el primer gobierno de Zapatero, cuando se redujo drásticamente la conflictividad entre las dos administraciones. Pero es casi la misma que la del último Ejecutivo de José María Aznar, cuando las impugnaciones fueron 217.

El Estado presentó durante el Gobierno de Rajoy 77 impugnaciones (29 en la legislatura anterior) y las comunidades llegaron a las 136 (frente a 76).

El Ejecutivo popular cargó contra normas y actos de todas las autonomías salvo Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, gobernadas a lo largo de casi todo ese periodo por los populares José Antonio Monago, Juan Vicente Herrera y María Dolores de Cospedal. El grueso lo concentró Cataluña con 23 en una legislatura caracterizada por el impulso soberanista.

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