Los defensores del pueblo autonómicos, incluida la Valedora do Pobo, aprobaron ayer en Pamplona un documento conjunto en el que exigen a las administraciones públicas un mayor control del ruido, cualquiera que sea el foco que lo origine, para garantizar el derecho de los ciudadanos al descanso en sus domicilios.
Los asistentes a las XXXI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, reunidos durante dos días en la capital navarra, consideran en su documento de conclusiones que el ruido "debe ser tratado como un problema de entidad que afecta seriamente a la calidad de vida de las personas".
En el informe, presentado en un acto que ha contado con la presencia de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se insta a los poderes públicos a verificar de oficio que los establecimientos e instalaciones que generan contaminación acústica disponen de las correspondientes autorizaciones de funcionamiento.
Para ello, destacan, las administraciones deben poder contar con los medios técnicos y personales necesarios "que permitan crear en todo el territorio, urbano o rural, un servicio público de inspección y control de ruido".
En ese sentido, afirman que se debería impulsar el papel de la "policía ambiental" en cualquiera de sus niveles como una "institución clave" en la detección rápida de este problema y, en su caso, intervención cautelar. Además, los defensores del pueblo entienden que las administraciones públicas deben hacer un seguimiento de las medidas que se adopten y dar cumplimiento "sin dilación" a las sentencias de los tribunales de justicia en esta materia.
También consideran que sería aconsejable que las administraciones públicas promovieran mesas o foros ciudadanos para la gestión de conflictos derivados del exceso de locales de ocio nocturno.
Las defensorías del pueblo valoran la actuación de jueces, tribunales y fiscales a la hora de garantizar los derechos vulnerados por la contaminación acústica y expresan su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía cuando estos sean vulnerados por la contaminación acústica.
Por ello, se comprometen a realizar cuantas acciones legales sean posibles para proteger el derecho a residir en un domicilio libre de ruido, incluso poniendo en conocimiento de la fiscalía aquellos casos en los que observen una posible relevancia penal.
Se comprometen asimismo a prestar orientación jurídica a los ciudadanos para que estos ejerzan acciones en defensa de sus derechos.
