Al cierre del primer semestre del pasado año, en España existían 1.985 entes vinculados a las comunidades autónomas. La llamada administración paralela. Organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones e incluso sociedades mercantiles convencionales que amasan una suculenta cantidad de recursos gracias a las inyecciones que reciben directamente de los Ejecutivos en la mayoría de los casos y que también a menudo arrastran una situación patrimonial delicada. Por eso la crisis y el enorme impacto que provocó en las arcas públicas pusieron el foco sobre ellas. Gobierno central y autonomías impulsaron un plan de ajuste en sus "chiringuitos" que en 2013 permitió la reducción de 181, un 8,5% del total; y del 4,2% (82) en 2014. Entre enero y junio de 2015, la disminución fue del 2% (38). Bajo la batuta de la Xunta hay actualmente 115 entes, según el inventario que acaba de actualizar el Ministerio de Hacienda, cerca de un 29% menos que el 1 de julio de 2010, cuando se alcanzaron los 161. El redimensionamiento de esta parte del sector regional fue uno de los compromisos estrella del presidente de la Xunta y el ahorro acumulado supera, con las últimas cifras oficiales aportadas por el propio Alberto Núñez Feijóo, los 50 millones de euros. Los organismos que por el momento se libran de la criba no son una excepción en la exigencia de la máxima eficiencia posible que en San Caetano usan para la elaboración de los presupuestos y a partir de ahora deberán trabajar con objetivos.
"La creación de entidades públicas instrumentales, especialmente agencias, por parte del sector público autonómico tiene como finalidad el avance hacia una gestión encaminada a los resultados y a la calidad de los servicios públicos, así como a la economía y a la eficiencia en la gestión de los recursos de la administración pública, siempre desde la óptica del respeto al derecho administrativo garante de los derechos ciudadanos y de la transparencia en la gestión de los recursos públicos", destacan las consellerías de Presidencia y Facenda en una orden conjunta que preparan para concretar el contenido de los planes plurianuales que tendrán que seguir las entidades públicas instrumentales. Tanto las nuevas como las que se hayan integrado en la administración regional tras la ley de diciembre de 2010 que lanzó la Xunta para ordenar su estructura.
El plan, a tres años, es realmente doble. Un plan estratégico y uno de carácter económico-financiero, además de incorporar la previsión de los recursos humanos necesarios y una memoria justificativa. En la hoja de ruta a seguir, los organismos marcarán objetivos "claros, sencillos, concretos, alcanzables y medibles" a medio y largo plazo, pero también "metas a corto plazo" que sirvan para "determinar las actuaciones necesarias para lograr el cumplimiento" de las líneas maestras a más tiempo vista. Cada una de estas premisas "deberá incluir una breve descripción de las actuaciones a desarrollar, de los indicadores que van a permitir determinar su grado de cumplimiento, y de su contribución a la consecución de cada objetivo". Con "coherencia y compatibilidad" con el Plan Estratéxico de Galicia, la guía con la que la Xunta pretende consolidar la recuperación económica hasta 2020. Y con indicadores "que intenten medir u objetivar de forma cuantitativa o cualitativa la actividad de un ente".
De nuevo, la orden de Presidencia y Facenda, en estos momentos en fase de exposición pública, insiste en la necesidad de que los indicadores sean "pertinentes, sensibles, claros, fiables y cuantificables" para poder medir efectivamente su cumplimiento, incluidos los financieros "que pongan en relación la consecución del resultado perseguido y su coste". El plan económico, con una previsión de gastos -por cada objetivo- y de ingresos, pasará por Facenda para su examen y aprobación; y la memoria justificativa se encargará, entre otras cosas, de "acreditar que [la entidad] no genera una duplicidad de servicios públicos". Que es la principal crítica que los organismos soportan.
Con la evolución de los indicadores, la Xunta podrá realizar el "control de eficacia" sobre los entes. A la supervisión de la Intervención Xeral se añade ahora otro organismo más para vigilar la administración paralela. Cada una de las sociedades instrumentales contará con un "órgano de control" formado por un representante suyo -con voz, pero sin voto-, otro de la consellería a la que pertenece y dos más de Facenda y Presidencia. Al menos una vez al año, antes del 30 de septiembre, se reunirán para examinar las cuentas.
