La Audiencia Nacional avala las quitas y el canje obligatorio de las preferentes de las cajas gallegas

La sentencia niega la existencia de "una expropiación" y recuerda los "poderes exorbitantes" del FROB

11.05.2016 | 02:07

El acuerdo del Gobierno y las autoridades comunitarias para mantener a flote a Novacaixagalicia en noviembre de 2012 pilló a los afectados de preferentes y deuda subordinada con unos cuantos meses ya en la calle para reclamar sus ahorros y el arbitraje abierto. Entre las medidas pactadas a cambio de los 5.400 millones de euros a los que ascendió el manguerazo de fondos procedente de Bruselas estaba la temida quita al valor de los productos y el canje por capital convencional de la entidad. A sus titulares se les consideraba oficialmente accionistas y, por tanto, estaban obligados a asumir parte del coste del rescate. El famoso y polémico burden sharing o reparto de cargas contemplado en el Memorando de Entendimiento que vistió el megapréstamo para la banca española. Un proceso muy duro que la Audiencia Nacional avala. Sin matices. Lo hecho se ajusta a los poderes que tenía el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según la sentencia que acaba de emitir y que rechaza los argumentos de recurso interpuesto por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que incluso comparó la gestión de los híbridos de capital con "una expropiación".

Adicae cuestionaba la "obligación impuesta" de vender los títulos y la aceptación de "un precio fijado por terceros contratados por el FROB" sin que los adquirientes pudieran "cuestionarlo o impugnarlo" para luego quedarse con acciones del banco. La asociación recordó que los descuentos aplicados llegaron a superar el 51% de media y pedía la nulidad de la resolución del FROB que desembocó en las quitas y el canje "por la comercialización ilegal" de los productos y la vulneración de varios artículos de la Constitución, el Código Civil o del Comercio.

El Abogado del Estado se opuso a las pretensiones de Adicae con el argumento de que "toda consideración o referencia a las circunstancias en las que se adquirieron los productos afectados" o "las que llevaron a la situación de crisis" debían quedar fuera del análisis y descartó la expropiación, dadas las facultades legales del FROB.

Algo que comparte la Audiencia Nacional. El fallo subraya la "situación excepcional" que justificó el llamado plan de resolución de la entidad heredera de las antiguas cajas y la necesidad de salvaguardar "la defensa de los intereses públicos, identificados con la estabilidad del sistema financiero" y los de los particulares, "clientes de las entidades de crédito abocadas a una situación de inviabilidad". "Es claro que han de quedar fuera del objeto del procedimiento todas aquellas consideraciones relacionadas con la posible ilegalidad de la comercialización de los productos financieros que los afectados adquirieron en su día, así como la eventual responsabilidad de los organismos de supervisión respecto de las medidas de control sobre tales productos", apunta.

La Audiencia Nacional transcribe el fallo en el mismo sentido desestimatorio que acaba de lanzar también para los híbridos de CatalunyaCaixa. Las medidas tomadas por el FROB "son el resultado de los poderes exorbitantes" del organismo, "es evidente que lo son", admite, pero niega que se trate de una expropiación "al no suponer la ablación de derecho alguno pues no se ha privado a los recurrentes de la propiedad de sus títulos o derechos de crédito". Los magistrados sostienen además que la Constitución no avala con carácter absoluto el trámite de audiencia pública y que el FROB disponía de facultades para obrar unilateralmente. La sentencia niega la infracción del principio de seguridad jurídica al que se agarraba Adicae por la presunta aplicación retroactiva de la norma que regula el FROB ya que " de no existir esta ley, la situación de insolvencia determinaría la inviabilidad de la entidad y la posibilidad de contagio al resto de entidades financieras"; ni tampoco una infracción del derecho de tutela judicial efectiva porque el propio recurso de la asociación de consumidores prueba que se podía acudir a la Audiencia Nacional.

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