Quitar o no las barreras para prestar el servicio de taxi. Y en qué medida. Esa es la cuestión. El polémico asunto que incluso ha partido en dos a los responsables del superregulador de los mercados en España tras la publicación de las conclusiones preliminares del organismo sobre un estudio sobre las cada vez más populares actividades ligadas a la economía colaborativa, como la plataforma de transporte Uber. El informe aboga, entre otros cambios, por eliminar las restricciones al número de licencias, los límites geográficos y un sistema de tarifas sin unificación por zonas. Pese a su división interna, con la petición de parte de sus consejeros del cese del responsable del análisis, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya avisó sobre cuál era su filosofía respecto al sector con la decisión de llevar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las ordenanzas municipales de Málaga y Córdoba por "perpetuar y fortalecer un régimen de monopolio". El debate sobre el futuro del taxi pilla a Galicia a punto de lanzar un nuevo reglamento que se decanta abiertamente por mantener el proteccionismo sobre el sector y recuerda "el carácter público" de la actividad y su "relevancia" en la movilidad de las personas.
El reglamento, todavía en fase de consulta pública, parte de los criterios que esbozó en mayo de 2013 la ley gallega de transporte público en vehículos de turismo de Galicia. "Es -explican en la Consellería de Infraestruturas e Vivenda- un instrumento jurídico necesario para la plena aplicación de la ley, mediante el que se dota de mayor seguridad jurídica a todos los participantes en el mismo". Los aspectos generales de la norma del sector pasan ahora a concretarse. Como es el caso de la tramitación de las autorizaciones para los taxistas, con cargas administrativas "simplificadas", según el departamento que dirige Ethel Vázquez, "al armonizar e integrar las actuaciones que deben efectuar ante la administración local y autonómica".
Porque se mantiene la doble autorización, aunque bastará presentar la petición en el concello para iniciar el proceso. Los servicios municipales, si el solicitante cumple los requisitos, formularán ante la Xunta la propuesta de resolución favorable, con la creación además de un registro de títulos habilitantes para los conductores que podrán cursar por vía telemática para lograr "una adecuada coordinación interadministrativa".
El reglamento busca también "afianzar y completar" los derechos de los usuarios, "haciendo un especial hincapié" en los requisitos que deben cumplir los vehículos para garantizar "las mejores condiciones y unos estándares de calidad homogéneos". Los coches no podrán tener más de dos años de antigüedad desde en el momento de su acreditación como taxis. Su vida útil se extenderá un máximo de doce años en los concellos de menos de 20.000 habitantes y nueve en el resto. Una vez que entre en vigor la norma, el Gobierno gallego dará dos años a los titulares para adaptarse a los tiempos máximos de antigüedad.
Esa misma referencia de población marca el número posible de licencias que contempla la ley ya desde 2013. Una por cada 1.100 habitantes de tope en los de menos de 20.000 habitantes; una por cada 1.000 en los que van hasta los 150.000 residentes; y una por cada 900 en los más grandes.
El reglamento consolida el "régimen de tarifas obligatorias" para "la cobertura del coste real del servicio en condiciones normales de productividad y organización y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio industrial". De la consellería, asesorada por el Consello Galego de Transportes, depende la "estructura armonizada" en los precios, y la opción de que el taxista pueda "exigir el pago anticipado de un determinado porcentaje".
Las cuotas de volumen de licencias impactan, según la CNMC, contra la libertad de empresa. Las tarifas armonizadas, contra la competencia de libre en los precios también. Son los dos principales motivos por los que el superregulador está llevando las ordenanzas municipales -elaboradas a partir de lo que dicten las leyes autonómicas- a los tribunales.
Infraestructuras defiende que tanto la ley como el futuro reglamento gallego "contienen el modelo mayoritario de acceso al sector" que existe en el Estado y en las comunidades, "y, en líneas generales, en la mayor parte de los territorios de la UE", a lo que se suman "las especialidades propias de nuestra comunidad autónoma". "Esta regulación tiene su fundamento en la necesidad de compaginar la intervención en esta actividad económica con el tipo de actividad que desempeña -continúan fuentes de la consellería-, de carácter público y, en muchas ocasiones, esencial para garantizar la movilidad de las personas". De lo contrario, sin las medidas que aseguren "el mantenimiento constante" del servicio para los usuarios, los "niveles de calidad" imprescindibles "resultarían difíciles de conseguir" .
Con el razonamiento de que la legislación gallega es "coherente" con el resto de comunidades y la necesidad de hacer "sostenible" el servicio en Galicia, la Xunta advierte que "no tendría mucho sentido" que la CNMC recurriese las directrices regionales para el taxi. En cualquier caso, la consellería recuerda que el transporte es "competencia exclusiva" de la autonomía. "No se prevé que el proyecto de reglamento establezca una regulación más restrictiva de la competencia", insiste, aunque con las puertas abiertas a que el supervisor presente las alegaciones que considere, "lo que permitirá un mejor análisis de las concretas argumentaciones que este órgano pueda formular al respecto y, de estimarse estas fundadas, en el propio procedimiento de elaboración de esta norma se introducirían las adaptaciones al texto que resulten necesarias".
"No se pueden poner puertas al campo, pero las leyes hay que cumplirlas"
- La pérdida de población y la evolución a la baja del negocio en los últimos años desploman el número de licencias de taxi en Galicia. A mediados del pasado 2015, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la comunidad existían 4.060 licencias, un 3,6% menos -153- que un año antes y un 22,6% por debajo de hace dos décadas, cuando funcionaban 5.246. Y los profesionales aseguran que sobran operadores en el sector."En Vigo hay unos 250 más de los que debería haber tal y como están las cosas", asegura Manuel Chorén, presidente de la Cooperativa de Taxistas de la ciudad olívica y responsable de la patronal provincial de Pontevedra. "Lo estamos pasando mal. Las administraciones, tanto la Xunta como el concello, deberían involucrarse con nosotros para buscar una solución".El sector presentará en los próximos días sus alegaciones al reglamento autonómico y una de las principales peticiones será que, sin excepción, en todos los municipios se pueda ir a una antigüedad máxima de 10 años y la prórroga de otros dos con inspecciones periódicas para verificar el buen estado del vehículo.Chorén defiende la necesidad de que la actividad "esté reglada", en contraposición con la filosofía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y critica los comportamientos de algunos de los nuevos operadores de transporte, "que ni dan un servicio de calidad, cobran de más o no tienen un seguro de responsabilidad civil". "Ni tributan", subraya. "Es cierto que no se pueden poner puertas al campo, pero las leyes hay que cumplirlas -continúa-. De lo contrario, es competencia desleal y economía sumergida". De los taxistas vigueses han salido ya varias denuncias sobre este tipo de prácticas, "intrusos", especialmente por supuestas empresas de transporte que realizan servicios sin cumplir las exigencias legales. "Hay unos pocos -señala- y los hemos identificado con la Policía Local y Transportes de la Xunta".
