Competencia cuestiona el decreto y lo ve "incapaz" de acabar con la crisis láctea

Aseguran que el proyecto normativo "no elimina los riesgos de coordinación y reducción de la tensión competitiva"

15.03.2016 | 12:18

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuestiona el proyecto de real decreto al "no eliminar los riesgos de coordinación y reducción de la tensión competitiva, que son elevados". Asegura que existe un "exceso de transparencia" en los requisitos de información del proyecto de real decreto sobre declaraciones obligatorias de la industria láctea, cuya principal novedad es facilitar los precios de cesión entre industria y distribución.

La CNMC considera que, pese a las garantías formales de confidencialidad y respeto a la normativa de competencia, el proyecto de real decreto "no elimina los riesgos de coordinación y reducción de la tensión competitiva, que son elevados". En el texto habla de "efectos nocivos" para los nuevos entrantes y operadores industriales; unos efectos que, para la Comisión, recaerán "en última instancia" sobre el consumidor en forma de precios "ineficientes y reducción en la variedad y calidad de los productos".
Ante ello, se recomiendan menciones específicas de los límites que establece la normativa de competencia y un respeto "escrupuloso" de los mismos por parte de los operadores y responsables de organismos públicos.

Para la Comisión, el texto normativo plantea dudas sobre su "idoneidad y proporcionalidad" para conseguir el objetivo de garantizar la sostenibilidad y futuro del conjunto de operadores lácteo. La CNMC mantiene que el proyecto "no hace frente" a los factores estructurales que motivan la "recurrente" crisis láctea, "ni garantiza" la sostenibilidad a largo plazo de los operadores.

A su juicio, cualquier medida que persiga el mejor funcionamiento de la cadena agroalimentaria debe resultar compatible con la eficiencia, tanto a corto como a medio y largo plazo. Plantea que la "sobrerregulación y el intervencionismo" administrativo supondrán una barrera a la entrada para nuevos operadores, dificultará que compitan con mejores precios, mayor variedad y calidad de productos, así como con procesos productivos y de comercialización innovadores.

Incide, además, en que en el proyecto normativo "no se facilita una mejora de la competitividad" de la economía española, ni el traslado de los efectos de la competencia a los consumidores. En sus conclusiones, establece la recomendación de introducir incentivos a los operadores para modificar los factores estructurales que están detrás de la situación de "precariedad" en este sector.
Entre ellos, señala la promoción del cooperativismo, el refuerzo de la vigilancia de posibles abusos y la orientación a nuevas formas de producción.

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