El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifica el incumplimiento reiterado del tratamiento de aguas residuales en la ría de Pontevedra, que está originando un problema de saneamiento. Así lo señala en una sentencia a raíz de la denuncia de la Comisión Europea al Estado en noviembre de 2014 en el que se advertía del "indudable riesgo para la salud pública" originado por los incumplimientos de algunas obligaciones en virtud de la directiva de 1991 sobre el tratamiento adecuado las aguas residuales en la ría, así como en otras zonas de Cataluña y Andalucía. La sentencia llega después de un primer aviso al respecto que data del 2003.
El recurso interpuesto en su día por la Unión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Estado no incluye, por el momento, petición de sanción económica alguna, según la documentación que hasta el momento han hecho pública los distintos organismos europeos. Así, se señala que la denuncia anunciada por Bruselas en 2014 tiene como pretensión que "se declare que el Reino de España ha incumplido sus obligaciones en materia de aguas residuales". Un precedente similar se encuentra en la vecina ría de Vigo, cuando en 2005 la Unión Europea impuso una multa de 20 millones de euros por su contaminación, una sanción que no se llegó a cumplir luego que Bruselas diese el visto bueno a su nuevo plan de saneamiento y archivase la denuncia, aunque a posteriori si continuaron las advertencias en este sentido.
El sistema de saneamiento de la ría de Pontevedra incumple los requisitos del artículo 4 y del artículo 5, apartados 2 y 3" de la directiva europea sobre aguas residuales. Dicha directiva señala que estas aglomeraciones urbanas deberían disponer, a más tardar en 1998, de un sistema de tratamiento "más riguroso" para sus aguas que el descrito en dicha normativa antes de ser vertidas a zonas sensibles, como es el caso de la ría.
En el pasado mes de agosto las autoridades españolas trasladaban a la Comisión Europea la fecha de septiembre de 2020 como horizonte para solventar los problemas de depuración. En este punto, la Xunta ya avanzó que gran parte de las ayudas comunitarias para saneamientos en Galicia se destinará a Pontevedra.
Las actuaciones que se contempla realizar, como se señaló a la Comisión Europea, consiste en aumentar la capacidad de la desbordada depuradora de Placeres, que da servicio a 82.000 habitantes de Pontevedra, 25.000 de Marín, 16.800 de tres parroquias de Poio, además de parte de Vilaboa y Ponte Caldelas. eres y construir una EDAR para Poio, además de construir una Edar para 2.200 habitantes de Raxó y Samieira (Poio) y 255 de Dorrón (Sanxenxo).
El Tribunal de Justicia no avaló la denuncia de la UE por insuficiente designación de zonas sensibles y respecto a la identificación de estos lugares "menos sensibles" en reconocimiento a la progresiva regularización de las instalaciones de saneamiento y tratamientos, así como vertidos en ciertas aglomeraciones.
