La Ley de Transparencia fue aprobada por el Parlamento de Galicia a finales del pasado mes de diciembre, pero no se publicó en el Diario Oficial de Galicia hasta ayer y no entrará en vigor hasta el 9 de marzo. Y ni siquiera a partir de esa fecha estarán vigentes todas las disposiciones contempladas en esta normativa. Así, por ejemplo, la Xunta se da seis meses de plazo para adaptar sus páginas webs e introducir toda la información que deberá ser de acceso público a la ciudadanía. Pero más amplio será el plazo para poner en marcha el Portal de Transparencia y regular el traspaso de poderes que obliga al Gobierno en funciones a suministrar informes de gestión detallados a los que tomen el relevo. Se da hasta un año para desarrollar el reglamento, de manera que no está garantizado que esté en vigor de cara a las próximas elecciones autonómicas.
La idea es facilitar el suministro de información relevante durante el traspaso de poderes y para ello la Ley de Transparencia estipula que cada consellería deberá entregar información detallada de lo ejecutado hasta la fecha y del dinero disponible, de los préstamos otorgados y solicitados, de los compromisos de gasto adquiridos y lista y copia de todos los compromisos de gasto y de todas las obligaciones pendientes de pago.
Lo que sí estará en vigor para las próximas elecciones gallegas son las limitaciones que esta nueva ley introduce a los poderes de los gobiernos en funciones que deberán limitarse "al despacho de asuntos ordinarios". De esta manera, no podrán enviar proyectos de ley al Parlamento, ni aprobar decretos de desarrollo normativo y tampoco podrán firmar convenios. El Ejecutivo gallego en funciones tampoco podrá firamar acuerdos con el Gobierno o con otras comunidades autónomas, ayuntamientos o universidades, ni adjudicar contratos que superen los 150.000 euros. También le quedará prohibido acometer nuevas inversiones y deberá ceñirse a cumplir con el gasto corriente.
